El fiscal general impuesto por la constituyente chavista, Tarek William Saab, justificó este jueves la condena a 16 años de prisión impuesta contra los líderes sociales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, por los delitos de conspiración y asociación.
En una conferencia de prensa, Saab aseguró que los activistas «no son líderes sindicales, ni están inscritos en el seguro social. Estos seis hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP)».
Según el fiscal chavista, en el proceso judicial «se obtuvo evidencia concluyente que este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno, entre ellas asaltar el Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto, que según sus informaciones, constaba de un total de 120 fusiles Modelo FAL. Con estos planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de Julio del año 2022, donde se encontraba presente el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y el alto mando militar».
Aseguró que los condenados «actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y Distrito Capital, y siendo apoyados desde la República de Colombia».
Saab indicó que el líder de la organización era Alcides José Bracho, que usaba el alias de “Víctor” y supuestamente trabajaba bajo instrucciones y financiamiento de Ángelo Heredia, ex funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana en situación de deserción.
«A Alcides Bracho se el incautó un arma de fuego en su residencia, la cual tenía en su poder sin la permisología correspondiente. Por este hecho, a este sujeto se le acusó también por el delito de posesión ilícita de arma de fuego, proceso que se encuentra a la espera de la audiencia preliminar», detalló.
Según el fiscal, en el juicio fueron evacuadas 15 pruebas que supuestamente sustentaban la acusación. Sin embargo, la defensa de los activista niega esto y asegura que las únicas supuestas pruebas en su contra fueron mensajes de Twitter y Whatsapp.
Por último, Tarek William Saab informó que este caso se trató en una reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, supuestamente, «la delegación de la ONU quedó satisfecha con la información que se les brindó en la que verificaron que estos sujetos no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgado por realizar actos conspirativos en contra del Estado».
