Cuando faltan cuatro meses para finalizar el año 2022, la asociación civil Súmate reiteró su llamado al directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que cumplan con su deber constitucional y legal de “garantizar la oportuna y correcta actualización del Registro Electoral, en forma permanente e ininterrumpida”, con el fin de facilitar el proceso de inscripción y actualización en el Registro Electoral (RE) a más de 4,8 millones de venezolanos en el exterior.
La organización ciudadana recordó que uno de los principios del Registro Electoral es su carácter continuo que implica que ”todas las personas pueden inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento”, establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
Súmate denunció que, luego de realizar diversos análisis de las inclusiones y exclusiones del RE en el exterior, es posible demostrar que se viene restringiendo de manera progresiva, o suprimiendo totalmente, el derecho a inscribirse o actualizar datos en el Registro Electoral para votar fuera de Venezuela.
Los datos así lo evidencia, ya que entre 1998 y 2013 se experimentó un crecimiento de 949,5% al pasar de 10.637 a 101.008 electores habilitados para votar en el exterior, pero entre 2013 y 2022 apenas ha aumentado un 6,22% al pasar de 101.008 a 107.295 ciudadanos inscritos en el RE fuera de Venezuela.
La ONG alertó que que entre 2019 y 2022 se han inscrito apenas 22 nuevos electores y actualizado sus datos 466 ciudadanos, lo cual, aunado a que la cantidad de exclusiones por fallecimiento es incluso superior a las inclusiones, tiene como consecuencia que se haya verificado una disminución real del RE en el exterior en los últimos 3 años.
A juicio de la organización, esto demuestra que el directorio del CNE y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores violan la LOPRE al no garantizar el carácter continuo del Registro Electoral en el exterior, afectando los derechos políticos de millones de ciudadanos y alterando la consistencia del RE dentro de Venezuela, al existir más de 3,5 millones de ciudadanos habilitados para votar dentro del territorio, que se encuentran efectivamente fuera del país.
Frente a ello, Súmate considera que el directorio del CNE debe emprender acciones concretas este mismo año 2022, para que pueda cumplir con su deber de garantizar el derecho al voto a más de 4,8 millones de venezolanos mayores de 18 años en el exterior, que serán más de 5 millones para diciembre de 2024, si se considera la tendencia actual de crecimiento de la migración y los cientos de miles jóvenes en el exterior que cumplirán 18 años hasta el último mes de 2024.
Entre esas acciones, el CNE debe solicitar la colaboración del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para garantizar el derecho a la identidad a los millones de venezolanos que viven en el exterior y carecen de este documento, que es el “único documento válido” para los trámites de Inscripción y Actualización en el Registro Electoral, y para ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales 2024,.
En esta misma línea, la ONG alerta que el directorio del CNE debe indicar al Ministerio de Relaciones Exteriores no exigir documentos no contemplados en la legislación electoral mencionada para los trámites de actualización en el RE. La observación planteada surge al constatar que en el portal de esta institución del Ejecutivo Nacional se exige como uno de los requisitos el original y la copia del pasaporte, a pesar de que el único documento de identidad que deben presentar los venezolanos en el exterior para inscribirse, actualizar y votar, es la cédula de identidad, vigente o vencida y un documento que demuestre la posesión de “residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.
Finalmente, Súmate saludó la iniciativa llevada a cabo por el rector del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, Enrique Márquez, de presentar una normativa para reglamentar el voto en el exterior.
«Cuando ya han transcurrido 15 días de este anuncio y de la acción de entrega de este Reglamento, considera que ya es tiempo suficiente para que el directorio lo haya debatido, por lo cual le exhorta a pronunciarse cuanto antes; ya que su instrumentación requerirá el concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, los países receptores de la migración venezolana, como del apoyo de organizaciones hemisféricas, con experiencia en este tipo de situaciones, entre ellas las Naciones Unidas; más las organizaciones de migrantes que vienen trabajando en este cometido», concluyó la asociación civil.
