La diputada Delsa Solórzano anunció que remitirán a la Corte Penal Internacional la declaración del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en la que advirtió que «para el que no vote, no hay comida».
«Esta declaración, de cara al fraude del 6D, de uno de los principales voceros de la dictadura evidencia los que hemos venido denunciando: quienes usurpan el poder son responsables de crímenes de lesa humanidad. Someter a una población al hambre, constituye el crimen de exterminio, previsto y sancionado en el Estatuto de Roma de la CPI, a quienes enviaremos notificación oficial«, anunció la parlamentaria.
En su artículo 7 el Estatuto de Roma determina que uno de los actos considerados crímenes de lesa humanidad es el «exterminio”, que comprende «la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población«.
Control social
Ya en 2019, la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, documentó en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que «conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social«.
La ONU recibió información de personas quienes, «a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP porque no eran partidarias del Gobierno».
Someter a una población al hambre, constituye el crimen de exterminio, previsto y sancionado en el Estatuto de Roma de @IntlCrimCourt , a quienes enviaremos notificación oficial pic.twitter.com/fMOKHGXOaW
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) November 30, 2020