La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, instó este miércoles a que la designación del nuevo Fiscal General y del Defensor del Pueblo en Venezuela se realice bajo criterios estrictos de mérito, integridad y apego a las normas internacionales.
En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, Satterthwaite subrayó que ambos cargos cumplen un rol “crucial” en la protección de los derechos humanos y en la garantía del Estado de derecho, por lo que la Asamblea Nacional y los actores involucrados deben asegurar un proceso transparente y conforme a los estándares aplicables.
“Venezuela debe garantizar que el mérito y la integridad demostrados sean la base para el nombramiento de Fiscal General y Defensor del Pueblo”, afirmó la relatora. “Dado el papel crucial que desempeñan estos dos cargos en la salvaguarda de los derechos humanos y el estado de derecho, la Asamblea Nacional y todos los actores involucrados deben garantizar que estos procesos se lleven a cabo de conformidad con las normas aplicables”.
La Asamblea Nacional controlada por el chavismo anunció el martes una prórroga de 48 horas para que el Comité de Postulaciones continúe evaluando candidatos.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, admitió que no han logrado acuerdos internos: “Estamos buscando gente que tenga credenciales, el aval y el respaldo político del país… no hemos podido ponernos de acuerdo”, dijo al solicitar extender el plazo hasta el jueves a las 4:00 p.m.
Rodríguez aseguró que el proceso ha recibido un “récord de inscripciones”, con casi 60 aspirantes que —según dijo— cumplen los requisitos, pero sin que exista aún un nombre de consenso.
Mientras tanto, 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la “ausencia de reglas claras y públicas” en el procedimiento de selección. En un comunicado, señalaron que el Comité de Evaluación de Postulaciones fue conformado el 25 de febrero solo por diputados oficialistas, sin participación de sectores sociales, como exige la Constitución.
Las ONG advirtieron que esta composición “anula la pluralidad e independencia del proceso” y abre la puerta a designaciones basadas en lealtades políticas, no en méritos profesionales.
También recordaron que, aunque el Parlamento publicó una lista con más de 130 postulaciones, no ha divulgado el reglamento del proceso, el cronograma ni los criterios de evaluación.
“La ausencia de reglas claras limita el escrutinio público y debilita la legitimidad del proceso”, afirmaron organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia.
El proceso de designación se activó tras la renuncia del fiscal general Tarek William Saab y del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, ambos cercanos al chavismo, el pasado 25 de febrero.
La renovación de estas autoridades es un punto crítico para cualquier intento de reconstrucción institucional o apertura democrática en Venezuela.
#Venezuela—Venezuela debe garantizar que el mérito y la integridad demostrados sean la base para el nombramiento de Fiscal General y Defensor del Pueblo del país el 27 de marzo. Dado el papel crucial que desempeñan estos dos cargos en la salvaguarda de los derechos humanos y el…
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) March 25, 2026
