Entre enero y octubre de 2022, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha documentado el cierre de 79 estaciones de radio en todo el país, un promedio de casi 8 emisoras por mes. Salvo un caso en el estado Bolívar, en el resto de los incidentes reportados aparece como responsable la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La acción arbitraria del estado ha afectado 16 de los 24 estados del país, donde se registran cierres de emisoras, es decir, 66,6% del territorio. Las entidades más afectadas son Zulia (23), Sucre (11), Táchira (10), Cojedes (6) y Falcón (6). Le siguen Yaracuy (4), Carabobo (3), Monagas (3), Anzoátegui (2), Barinas (2), Guárico (2), Nueva Esparta (2), Portuguesa (2), Bolívar (1), Lara (1) y Miranda (1).
«A partir de la documentación y entrevistas realizadas, fácilmente podemos inferir que han ocurrido más cierres durante estos 10 meses de 2022, pero los directivos de esas radios optan por guardar silencio», advirtió la organización.
Arbitrariedad oficial
En relación a las formas y los argumentos utilizados por Conatel para ordenar el cierre, el SNTP denunció que en todos los casos se evidencia la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa. «No existen documentos escritos, citaciones ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen la razones», denunciaron.
Explicaron que cuando algún funcionario visita las emisoras, han constatado que en ocasiones lo hacen sin identificación y dan órdenes verbales. Sin embargo, en más del 80% de los cierres, Conatel gira instrucciones telefónicamente.
La documentación hecha por el SNTP, a través de sus delegados voluntarios en todos los estados del país, revela que Conatel estaría alegando como causa el vencimiento de las concesiones o la extinción de las mismas. Sin embargo, y también por entrevistas y testimonios recogidos, lo que hay detrás son condiciones y requisitos inviables para los operadores o ausencia de respuesta frente a la solicitudes de renovación y habilitación.
«Conatel se vale del silencio administrativo para mantener la presión y la vigilancia sobre las estaciones de radio. Dicho silencio termina convirtiéndose en una negativa para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de información, sin que se ofrezcan explicaciones. Los solicitantes, además, quedan en un limbo que genera censura y autocensura», denunció el SNTP.
La organización gremial alertó que «el manejo descrito para la asignación y renovación de concesiones es arbitrario» y que «la discrecionalidad de Conatel configura una violación a la libertad de expresión en los términos en que la definen estándares internacionales».
De las 79 estaciones cerradas, en el caso de Líder 106.7 FM (Carabobo) y Azukar 100.5 FM (Monagas), ambas fueron sacadas del aire por Conatel con el argumento de vencimiento de la concesión pero a los pocos días encendieron sus transmisores y hoy están activas.
Violación de DDHH
El SNTP recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que «no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares (…) de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones¨.
En este sentido, desde el sindicato alertaron sobre las graves consecuencias que para el país tiene el cierre sistemático de estaciones de radio. «Se trata de una acción que debilita aún más las garantías para los derechos a la libertad de expresión y de información, además de que reduce los espacios para el debate público sobre temas que son de interés general».
«Denunciamos la actuación arbitraria y discrecional de Conatel en relación a la habilitación y renovación de concesiones. Demandamos del Estado políticas que promuevan las comunicaciones y el flujo de información, tan necesario en toda sociedad democrática y plural», afirmó la organización.
Por último, exigieron «transparencia en la administración del espectro radioeléctrico, hasta ahora hundido en la opacidad» y garantías para «el pleno disfrute del derecho al trabajo» de los trabajadores de las radios del país, al alertar que más de mil trabajadores directos han resultado afectados por el cierre de estas emisoras.
