El canciller del régimen chavista, Félix Plasencia González, informó este viernes que, por instrucciones de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al artículo 127 del tratado.
Según Plasencia, el régimen considera que la actuación de la Corte responde a un «sesgo geográfico demostrado», que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global. El canciller afirmó que este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido «instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos» y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía.
Plasencia calificó la actuación de la CPI como una forma de «lawfare» que, según dijo, perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano, y reiteró el compromiso del régimen con una justicia «genuinamente equitativa» y respetuosa de la soberanía de los pueblos.
El anuncio se produce después de que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobara por unanimidad en diciembre de 2025 una ley para derogar el instrumento que ratificó la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma hace 25 años. En ese momento, el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, señaló que la medida buscaba «demostrar y denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de una institución que, según dijo, «solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano».
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el año 2000, durante el mandato del fallecido Hugo Chávez, y la CPI ejerce jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el país o por sus nacionales desde el 1 de julio de 2002.
El retiro se produce en medio de la investigación abierta por la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2014, iniciada tras una remisión presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, a la que posteriormente se sumaron Uruguay y Ecuador.
La Sala de Apelaciones de la CPI rechazó en marzo de 2024 un recurso del régimen venezolano contra dicha investigación, autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares en junio de 2023.
Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.
Venezuela…
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026
