El exministro chavista Rafael Ramírez pidió este domingo el cierre de los centros de tortura y la inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela, como primeras medidas que -a su juicio- se deben tomar al concretarse un cambio de gobierno tras las elecicones presidenciales del 28 de julio.
En una columna de opinión, Ramírez afirmó que «deben liberarse a todos los detenidos arbitrariamente y a los presos políticos secuestrados en los distintos centros de detención del gobierno, incluyendo luchadores sociales, activistas políticos, trabajadores, militares y familiares tomados como rehenes por el gobierno», incluidos extrabajadores de PDVSA y chavistas disidentes que han sido encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro.
«Los centros de detencion y tortura deben ser clausurados, cerrados, que nunca más existan sitios como ‘la Tumba’, ‘ni la Casa de los Sueños’. El Helicoide podría ser la Sede de una Universidad o Institución que sea garante de los derechos humanos en el país», planteó.
«Inmediatamente, se debe desmantelar todo el sistema de represión y violación de los derechos humanos, creado por el madurismo para reprimir al pueblo e instalar el miedo en la sociedad. Los cuerpos policiales y de inteligencia señalados por los distintos Organismos Internacionales de las Naciones Unidas, como Instrumentos de la Violación de los Derechos Humanos en el país, deben ser intervenidos y desmantelados: DGCIM, SEBIN, CONAS, FAES, entre los más evidentes», añadió.
Ramírez consideró que «los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, torturas, tratos crueles y degradantes, así como crímenes políticos o de lesa humanidad deben ser llevados a los tribunales de la República, unos nuevos, especialmente constituidos para estos casos, donde se les respeten sus derechos, pero que se conozca toda la verdad sobre la violencia del Estado en este terrible período del madurismo. No puede haber impunidad», subrayó.
En este sentido, propuso la creación de una «comisión de la verdad para hacer una exhaustiva investigación de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, durante el período del madurismo». Para ello, indicó, será «fundamental» la cooperación de organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI).
También planteó que el sistema judicial «debe ser intervenido integralmente», incluido el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, donde se debe «separar de sus cargos a los responsables directos, jueces y fiscales (titulares, provisionales y suplentes) nombrados de manera irregular por las actuales autoridades y considerados personal de confianza del madurismo, que han sido instrumento de la violación de los DDHH en el país y la judicialización de la política; todos ellos deben ser sustituidos por profesionales que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución y las Leyes. Deben ser jueces y fiscales de reconocida probidad, que actúen apegados a la justicia y las leyes de la República».
