La iniciativa “The Docket” de la Clooney Foundation for Justice y la organización de derechos humanos, Foro Penal, presentaron un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con nuevas pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por organismos de seguridad e inteligencia en Venezuela.
El informe describe el papel de 11 funcionarios con diversos rangos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad que incluyen tortura, detención arbitraria y abuso sexual en Venezuela.
Las víctimas de estos crímenes están vinculadas con la oposición política o bien son percibidas como tal por el gobierno actual.
“Los perpetradores se creen intocables ante el Estado de Derecho venezolano. De hecho, no es sólo que lo crean, sino que son realmente intocables”, dijo uno de los sobrevivientes entrevistado por las dos organizaciones. “Así que hago un llamado, como lo ha hecho todo el mundo, a la comunidad internacional para que los perpetradores paguen por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo”.
Las organizaciones sostuvieron que la falta de investigación por parte del Estado venezolano de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de la DGCIM implica que se debe avanzar en los esfuerzos internacionales para que los autores rindan cuentas y para garantizar justicia a las víctimas.
“Las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los presuntos crímenes internacionales cometidos en su país, incluyendo las graves violaciones cometidas por agentes de la DGCIM; por tanto, se deben intensificar los esfuerzos internacionales en pro de la justicia”, dijo Yasmine Chubin, la directora de Incidencia Legal de “The Docket”. “Con la apertura de la investigación ante la CPI, hay una nueva ventana de esperanza para las víctimas venezolanas y sus familiares quienes merecen justicia después de años de estar dejadas a un lado.”
“La situación en Venezuela es crítica, ya que estas horribles violaciones se están produciendo incluso hoy en día”, dijo Ignacio Jovtis, Responsable Senior de Programas de “The Docket”. “Es hora de enviar un claro mensaje a las personas responsables de crímenes internacionales de que no se puede eludir la rendición de cuentas”.
Las dos organizaciones entrevistaron a más de 50 personas, entre ellas víctimas directas y sus familiares, así como a profesionales de la abogacía, periodistas y ex miembros de la fiscalía y la judicatura venezolanas.
“La única manera de restablecer la fe de las víctimas en el Estado de Derecho es haciendo justicia. Aunque siempre hemos instado al gobierno venezolano a que investigue y castigue estos graves crímenes, no han mostrado ninguna intención de emprender tales acciones de forma seria y real”, explicó Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente de la ONG Foro Penal.
“Mujeres encarceladas hoy en día como Emirlendris Benítez – quien fue víctima de tortura por parte de la DGCIM, y el defensor de los derechos humanos Javier Tarazona – un activista de derechos humanos detenido arbitrariamente por el SEBIN, son sólo dos de los muchos detenidos políticos que han hablado valientemente para denunciar la tortura y la detención arbitraria, bajo un gran riesgo personal”, dijo Alfredo Romero, presidente de Foro Penal. “Dada la falta de una investigación auténtica a nivel nacional, muchas de las víctimas que representamos miran a la CPI como su única esperanza para obtener justicia y nosotros le debemos a las personas que se ponen en peligro luchar por esa justicia.”
