La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó este domingo su hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela, que establece condiciones mínimas verificables antes de la celebración de cualquier proceso electoral.
La propuesta, leída por el coordinador de la PUD, Roberto Enríquez, articula el proceso en tres etapas: estabilización institucional, recuperación económica y reconciliación, y elecciones libres con restitución de la soberanía popular.
El documento es categórico en su planteamiento central: «Sin estabilización no hay recuperación. Sin recuperación no hay elecciones libres. Sin elecciones libres no hay transición democrática».
Como premisa previa e indispensable para iniciar cualquier proceso, la PUD exige la liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de la persecución. A partir de allí, establece como condiciones mínimas verificables el restablecimiento de las garantías constitucionales, el funcionamiento independiente de los poderes públicos, el cese del uso del sistema judicial como herramienta de persecución política y la presencia permanente en el país de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales de derechos humanos.
En materia electoral, el documento exige la designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) provisional e independiente, el levantamiento de todas las inhabilitaciones políticas impuestas sin debido proceso, la devolución de las tarjetas electorales y símbolos a los partidos legítimos, y garantías plenas para el retorno seguro de los exiliados sin riesgo de persecución o represalias.
La PUD también reclama la recuperación del espacio cívico abierto, que incluya libertad de expresión, de asociación, de manifestación, de organización política, de prensa y el funcionamiento independiente de las organizaciones de la sociedad civil.
El documento destaca el rol de la comunidad internacional como «acompañante activo y verificador independiente» del proceso, y reafirma la legitimidad de la coalición para conducir cualquier negociación orientada a la restitución del orden constitucional, en su condición de «coalición política unitaria más votada de la historia contemporánea de Venezuela».
