La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, denunció en su más reciente informe el patrón de represión y violaciones a los derechos humanos registrado en Venezuela durante el proceso electoral presidencial de 2024.
El documento, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluyó a Venezuela entre los países donde “la represión política ha sido generalizada”, con miles de personas detenidas, torturadas e incluso asesinadas.
La relatora advirtió que la campaña opositora enfrentó «obstrucciones sistemáticas”, como el cierre temporal de entidades vinculadas a las campañas, hostigamiento, y detenciones arbitrarias de personas involucradas en actividades logísticas o de apoyo.
Además, el informe señala que tras las elecciones se desató una ola de represión que incluyó la detención masiva de manifestantes que exigían transparencia. La relatora denunció que incluso niños, niñas y adolescentes fueron arrestados y acusados de terrorismo.
En un apartado sobre el rol de la sociedad civil, el informe destaca que las organizaciones venezolanas documentaron irregularidades en la publicación de los resultados oficiales, “contribuyendo así a la búsqueda de la transparencia electoral”, pese al contexto de represión.
El informe también registró la violenta respuesta del Estado ante las protestas posteriores al proceso electoral, que dejaron al menos 25 muertos y cientos de personas heridas o detenidas. La represión fue ejecutada tanto por fuerzas de seguridad como por grupos civiles armados afines al régimen de Nicolás Maduro.
Estas conclusiones forman parte del análisis sobre el “súper ciclo electoral” de 2023 a 2025, en el que la ONU alerta sobre el retroceso democrático global y los crecientes ataques al derecho a la participación política.
