El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó este lunes su «grave preocupación» tras confirmarse el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado venezolano, luego de un prolongado periodo de desaparición forzada. El organismo internacional instó al Gobierno de Venezuela a iniciar una investigación pronta, efectiva e independiente para esclarecer los hechos.
“La desaparición del Sr. Quero Navas y su posterior muerte bajo custodia deben ser objeto de una investigación exhaustiva e imparcial. Esto debe incluir pruebas forenses independientes, la identificación técnica del cuerpo y su restitución digna a la familia”, afirmó el Grupo de Trabajo en un comunicado oficial.
El grupo de expertos relató que, tras la detención de Quero en enero de 2025, sus familiares acudieron reiteradamente ante diversas autoridades sin obtener respuesta alguna. El mandato humanitario de la ONU llegó a transmitir el caso al régimen venezolano el 31 de marzo de 2025, pero el Estado jamás respondió a la solicitud de información.
Resulta «profundamente preocupante» para los expertos que las autoridades venezolanas, aun conociendo la búsqueda pública emprendida por la madre del detenido, Carmen Teresa Navas, esperaran hasta mayo de 2026 para emitir un comunicado informando sobre un deceso que supuestamente ocurrió en julio de 2025.
Contradicciones y el rastro de la opacidad
El Grupo de Trabajo reveló la existencia de un «Acta de Comparecencia» suscrita por la Defensoría Pública de Venezuela con fecha del 24 de octubre de 2025. En dicho documento, se informaba a la familia que el ciudadano se encontraba en El Rodeo I; sin embargo, para esa fecha —según la versión oficial difundida recientemente— Quero ya tendría tres meses de fallecido.
“Las contradicciones entre la información oficial y el acta de octubre de 2025 requieren ser esclarecidas, particularmente en lo relativo a la fecha real del fallecimiento. Preocupa también la falta de independencia judicial y de autonomía de la fiscalía en este caso”, señalaron los expertos de la ONU.
El organismo calificó como «grave y doloroso» que el Estado impidiera el contacto entre madre e hijo y ocultara el fallecimiento durante meses. Para la ONU, el caso de Quero Navas ilustra el sufrimiento sistémico que enfrentan las familias cuando las autoridades ocultan el paradero de una persona desaparecida.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas”, concluyó el comunicado suscrito por Gabriella Citroni, presidenta del Grupo de Trabajo, y demás expertos del mecanismo internacional.
