La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el sexto informe sobre crímenes cometidos en el país, en el que concluye que el régimen de Nicolás Maduro desplegó “los métodos más duros de su maquinaria represiva” después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento, que cubre el periodo septiembre 2024 – agosto 2025, detalla que entre el 28 y el 30 de julio de 2024 fueron asesinadas 25 personas en el marco de las protestas contra los resultados fraudulentos anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Misión atribuye al menos 12 de estas muertes directamente a cuerpos de seguridad del Estado, pese a que las autoridades responsabilizaron a la oposición y a grupos criminales.
La presidenta de la FFM, Marta Valiñas, alertó que las investigaciones oficiales siguen sin esclarecer estos hechos y que “todos permanecen en la impunidad”. Además, denunció la muerte de cinco personas bajo custodia estatal durante la crisis electoral, tres de ellas por falta de atención médica y dos en supuestos ahorcamientos en cárceles como Tocorón y Tocuyito.
La presidenta de la Misión denunció que las autoridades prohibieron a familiares de víctimas hablar públicamente, realizar velorios o sepelios abiertos, y que muchos casos permanecen ocultos.
El informe también documenta:
Detenciones masivas y arbitrarias: más de 2.200 personas fueron apresadas en el contexto de las protestas y la “operación Tum Tum”. Aunque la mayoría fue excarcelada, continúan siendo procesadas bajo cargos de terrorismo o incitación al odio.
Uso de la incomunicación y tortura: en más de 30 casos se probó que opositores fueron mantenidos en régimen de incomunicación, práctica que puede constituir tortura. La Misión registró golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, violencia sexual y aislamiento extremo.
Víctimas extranjeras: al menos 84 personas de 29 países fueron detenidas acusadas de conspirar contra el gobierno, muchas bajo estricta incomunicación. Algunas liberaciones, especialmente de estadounidenses, se produjeron tras negociaciones diplomáticas.
Niños y adolescentes: al menos 220 menores fueron arrestados en el marco de las protestas, sufriendo desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. Dos de las víctimas mortales eran menores de 18 años.
En su intervención, Valiñas advirtió que el patrón represivo se intensificó también en 2025, en momentos clave como la toma de posesión presidencial fraudulenta, en enero, y las elecciones regionales y parlamentarias, en mayo.
Asimismo, señaló que la nueva legislación restrictiva, como la Ley de Financiamiento de ONG y la Ley “Simón Bolívar”, ha agravado el cerco contra la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
“Ante la falta de acción de las instituciones nacionales, exhortamos a que las iniciativas internacionales de rendición de cuentas avancen con mayor celeridad”, afirmó Valiñas, reiterando la disposición de la Misión a cooperar con dichos esfuerzos.
