La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) presentó este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una actualización de la situación en Venezuela, donde alertó que el régimen de Nicolás Maduro está reactivando su «estructura represiva» en una modalidad «más violenta».
La presidenta de la FFM, Marta Valiñas, recordó que en su último informe, de septiembre de 2023, indicaron que la estructura represiva del Estado venezolano no se había desactivado, sino que funcionaba a través de dos modalidades dependiendo del contexto: «Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales».
En este sentido, alertó que «los numerosos eventos registrados durante el período de esta actualización confirman que nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades» en la que observan «una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno».
Como parte de estas acciones represivas destacó las medidas judiciales en contra de los organizadores de las primarias opositoras y contra miembros del equipo de trabajo de la candidata María Corina Machado. También las órdenes de aprehensión contra 14 personas por supuestamente intentar boicotear el referendo sobre el Esequibo, entre ellos el presidente de la ONG Súmate, Roberto Abdul.
En el contexto preelectoral, Valiñas denunció que «el año 2024 empezó con anuncios y acciones por parte de las autoridades venezolanas aún menos alentadoras para el ejercicio de los derechos humanos». Destacó la activación de la denominada «Furia Bolivariana», responsable de una «multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición» como parte de un «patrón de represión violenta».
Igualmente, reportó la detención de seis integrantes del partido Vente Venezuela, entre ellos varios coordinadores regionales de campaña que continúan en prisión. Resaltó que el caso de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López constituye «la desaparición forzada de mayor duración investigada por la Misión durante este período de actualización», ya que durante 27 días se desconoció su paradero.
Caso «Brazalete Blanco»
Marta Valiñas también denunció un patrón de «detenciones selectivas» contra opositores o personas críticas, a las que se pretende vincular con supuestas conspiraciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Se refirió las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía venezolana contra la defensora de derechos humanos y la periodista Tamara Suju, señaladas por el caso denominado «Brazalete Blanco».
Mencionó el caso del exmilitar Anyelo Heredia, quien fue aprehendido en la frontera con Colombia. «Su detención solo fue confirmada un mes más tarde por el Fiscal General, quien hizo público un video en el que el militar se autoincriminaba en la planificación». Valiñas destacó que hasta el momento los familiares no han podido comunicarse con él.
El caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel también se incluye dentro de esta nueva ola represiva por la supuesta operación «Brazalete Blanco». La presidenta de la Misión de la ONU denunció que fue detenida el 9 de febrero «sin orden judicial» y estuvo sometida a desaparición forzada. «Solamente el miércoles 14 de febrero las autoridades informaron que San Miguel se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la Misión».
También denunció que familiares de San Miguel, incluida su hija, fueron arrestados y sometidos a restricciones judiciales. «Esta práctica de intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la Misión«, dijo.
Marta Valiñas destacó que «junto con Rocío San Miguel, la Misión ha registrado los casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” que, según las autoridades, han estado buscando derrocar al Gobierno durante los últimos años».
Finalmente, informó que en este periodo han identificado «indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos explícitamente mencionadas en el mandato de la Misión, que permanecen impunes».
Y denunció que el Ministerio Público, bajo el mando del fiscal chavista Tarek William Saab, «sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas».
