El presidente electo, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora, María Corina Machado, emitieron este miércoles una alerta internacional denunciando que el régimen ha intensificado el «estado de sitio» en la embajada de Argentina en Caracas y sus alrededores.
«Desde horas de la madrugada de hoy 4 de diciembre, más de 20 agentes de cuerpos de represión del Estado, se presentaron en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, bajo custodia de Brasil, en 5 patrullas y vehículos civiles. La presencia de los funcionarios, con actitud agresiva, incluyó hostigamiento e instrucciones relacionadas con un eventual ingreso a la sede diplomática, generando zozobra y terror en los alrededores», denunciaron.
Los agentes también cerraron la calle aledaña a embajada «perjudicando el libre tránsito y la tranquilidad de los vecinos, incluyendo a otras delegaciones diplomáticas que residen en la misma calle».
Machado y González Urrutia alertaron que «estas acciones del régimen intensifican un estado de sitio en esta zona de Caracas, en contra de los asilados y de las casas vecinas, todos víctimas del asedio y violencia por parte de estos organismos».
Los dirigentes opositores detallaron que «la sede de la embajada está sin servicio eléctrico, totalmente oscura, porque fueron robados los fusibles por parte del régimen desde hace ya 12 días, junto a las restricciones de acceso a agua y otros servicios».
«El régimen ha convertido la residencia diplomática en una cárcel, frente a los ojos del mundo, violando todos los acuerdos internacionales. Se trata del mismo terror que han empleado contra ciudadanos, activistas y todos quienes luchan por la verdad y la libertad», explicaron.
Ante esto, hicieron «un llamado URGENTE a los gobiernos de Argentina y de Brasil para que atiendan esta situación con la gravedad que merece y dedicar todos sus esfuerzos para lograr los salvoconductos».
Además, solicitaron a los Gobiernos de Javier Milei y Lula da Silva que «junto al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, garanticen la protección y servicios esenciales para los asilados».
