La Corte Penal Internacional (CPI) anunció que el próximo 1 de marzo la Sala de Apelaciones emitirá su sentencia sobre la apelación presentada por el régimen de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizó la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La sentencia se dictará a las 15:00 horas local, durante una audiencia pública en La Haya, en presencia de la Fiscalía de la CPI, los Representantes del régimen de Maduro y la Defensoría Pública de Víctimas (OPCV).
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, luego de que en 2018 Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran una remisión sobre el caso.
Sin embargo, en abril de 2022 la investigación se detuvo debido a una solicitud de inhibición presentada por el régimen de Maduro, que argumentaba que ya en el país estaban avanzando actuaciones nacionales.
El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares reanudar la investigación en esta situación, debido a que las supuestas actuaciones nacionales de Venezuela no eran genuinas ni abarcaban todos los delitos que se investigaban en La Haya. Tras analizar el caso, el 27 de junio de 2023 la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la Fiscalía de la CPI a reanudar su investigación.
Ante esto, el 3 de julio de 2023 el régimen de Maduro comunicó su intención de apelar la decisión y el 14 de agosto de 2023 presentó su escrito de apelación. En este proceso la Sala de Apelaciones recibió escritos del Fiscal de la CPI y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, así como representaciones de las víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), y los días 7 y el 8 de noviembre de 2023 celebró una audiencia pública para escuchar a las partes.
Durante la audiencia, los representantes de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Víctimas desmontaron los argumentos del régimen. «La posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos», sostuvo Paolina Massidda, la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI.
Además, los representantes del régimen admitieron que en Venezuela continúan impunes la mayoría de los casos de los cuales presentó documentación ante el tribunal de La Haya.
