Los cardenales Baltazar E. Porras y Diego Padrón, junto al monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, saludaron con «beneplácito y esperanza» el inicio de las conversaciones entre el régimen interino y representantes de la Asamblea Nacional de 2015, en una declaración fechada en Caracas el 10 de agosto.
Los tres religiosos precisaron que se pronuncian no a título oficial, sino como expresión de su conciencia cívica y de su responsabilidad moral cristiana ante el presente y futuro del país. Señalaron que las conversaciones se desarrollan bajo condiciones «muy peculiares», nacidas de experiencias similares fallidas, entre ellas: una iniciativa promovida y tutelada desde el extranjero, la ausencia de la representación política opositora legitimada más importante, la inexistencia de una instancia técnica reconocida como facilitadora, y el desconocimiento u opacidad respecto a detalles institucionales y logísticos.
Los cardenales sostuvieron que la situación política y social crítica, agravada por el doble sismo del 24 de junio y por lo que calificaron como la «inercia e indolencia oficiales» durante la emergencia, exige una escucha atenta a las necesidades del pueblo venezolano. Llamaron a incorporar, de forma oportuna y gradual, a diversas instituciones y organismos —grupos políticos, academias, universidades, iglesias y otros entes representativos de la sociedad civil— para lograr un proyecto nacional unificado.
Los religiosos ofrecieron su compromiso de dar seguimiento a los trabajos de la Comisión, «como un servicio cívico y espiritual, leal e imparcial» al pueblo venezolano. Señalaron que los signos indispensables de una marcha efectiva del proceso serán «la inmediata liberación de los presos políticos y de la hegemonía comunicacional, así como la estructuración de los organismos y medios hacia una pronta elección presidencial por obra exclusiva del soberano (CRBV 5), como vehículo necesario y suficiente de legitimación de los poderes públicos y de su oportuna reestructuración»
La declaración también subrayó la necesidad de una respuesta pronta y eficiente a la crisis económica, social y educativa que afecta a la mayoría del pueblo empobrecido: salarios justos, servicios básicos de salud, vivienda y escolaridad, y suministros regulares de agua, electricidad e internet. Los cardenales concluyeron calificando el proceso como una «refundación nacional», en línea con propuestas previas del Episcopado venezolano, y reiteraron que la prioridad debe ser «el reencuentro de nosotros los venezolanos en un ambiente de libertad, unidad y solidaridad para que alcancemos la paz».
