El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal, más conocido como “El Pollo” Carvajal, afirmó en su declaración ante la justicia española que el partido político de ese país Podemos recibió pagos de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) a cambio de “informes fantasma”, o sea, por “asesorías carentes de contenido”.
En una audiencia desarrollada el pasado 20 de septiembre, según informó el periódico El Mundo, el venezolano dijo que le consta que esas operaciones ascendieron a una cantidad próxima “a los 200.000 euros” y que el receptor de las mismas fue Juan Carlos Monedero, miembro importante de la agrupación política española de izquierda.
Carvajal había prometido que brindaría información valiosa, pero que lo haría a su debido tiempo. Siguiendo al diario citado, en la Audiencia lo emplazaron a que documente sus afirmaciones ya que, por el momento, aportó datos sin respaldo documental.
Según fuentes judiciales consultadas por El Mundo, “El Pollo” deberá presentar al tribunal la documentación en un plazo máximo de una semana o, de lo contrario, será extraditado inmediatamente. Carvajal aseguró que tiene el respaldo documental de todo lo que afirma.
En su declaración ante la justicia española, enmarcó los supuestos pagos de PDVSA a dirigentes de Podemos en el saqueo de la petrolera estatal venezolana, que ya está siendo investigado en España. En concreto, se están analizando los pagos, mediante asesorías que la Fiscalía Anticorrupción considera ficticias, al ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía española atribuye a Raúl Morodo, a su hijo y a varios socios suyos el desvío de más de 30 millones de euros.
Según agregó el periódico, Carvajal facilitó, junto a los datos relacionados con Podemos, información sobre la relación de Venezuela con la guerrilla colombiana de las FARC y habló de operaciones de tráfico de armas.
Esta información se conoció después de que el tribunal rechazó la solicitud de Carvajal de quedar en libertad con medidas cautelares ante el “elevado” riesgo de fuga, dado que ha estado prófugo de la Justicia casi dos años, hasta ser detenido en Madrid el 9 de septiembre.
Carvajal había solicitado su libertad a raíz de que la Audiencia Nacional española decidiese suspender de forma cautelar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico hasta que se resolviese su solicitud de asilo y protección internacional.
Los magistrados españoles argumentaron que la prisión incondicional se justifica en asegurar el mantenimiento del procedimiento de extradición y, en su caso, la entrega a Estados Unidos.
Recuerdan que el reclamado no solo no se presentó ante la Audiencia Nacional una vez que conoció que se había decretado su prisión a raíz de la decisión de extraditarlo a Estados Unidos (en 2019), sino que permaneció escondido hasta ser descubierto en una vivienda de Madrid.
“Ha existido una auténtica fuga desde el momento en que no ha estado a disposición judicial, independientemente de que no haya salido de España, lo que conlleva la necesidad de mantener su situación actual de prisión”, argumentan.
Carvajal, que fue detenido por primera vez en España en abril de 2019, está reclamado por EEUU por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.
Cuando compareció por primera vez por su extradición afirmó que la reclamación de EEUU se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por la información de que dispone de la época del que fuera presidente de Venezuela Hugo Chávez, ya fallecido.
La Audiencia Nacional accedió en 2019 a su extradición al considerar acreditada una conducta vinculada al narcotráfico durante 20 años, así como con la venta de armas a las FARC a cambio de drogas y la protección armada de los cargamentos de cocaína.
