El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la alta representante para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunciaron en un informe conjunto las represalias del régimen de Nicolás Maduro en contra de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos que han cooperado con los mecanismos de la ONU.
En el documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Guterres y Bachelet reseñaron la «intimidación y represalias contra los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil que cooperaron o fueron percibidos como cooperantes con la ONU, en particular aquellos que implementan programas humanitarios de la ONU«.
Destacaron que las ONG fueron etiquetadas como «criminales», «mercenarios», «ladrones», «terroristas» y «enemigos del Estado», incluso en foros de la ONU y en portales en línea afiliados al gobierno.
Indicaron, además, que «las condiciones de detención de algunas personas empeoraron luego de su cooperación con la ONU, incluso después de la inclusión de sus casos en el informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (FFM)«, resaltando el caso del capitán Luis de la Sotta.
También documentaron «la estigmatización de cinco ONG y dos personas por parte de altos funcionarios del Estado tras su cooperación con la ONU, incluida la FFM: Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC); Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS); Centro de Justicia y Paz (CEPAZ); Control Ciudadano y su directora Sra. Rocío San Miguel; y Espacio Público y su director el Sr. Carlos Correa».
El caso de la ONG Azul Positivo y la detención de cinco de sus voluntarios también fue denunciado por Guterres y Bachelet.
