Los fiscales Luis Dueñez y Eddy Ramírez efectuaron este martes una nueva imputación contra el exministro Tareck El Aissami por los delitos de apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales.
Así lo informó el periodista oficialista Eligio Rojas, quien indicó que una fuente del sistema de justicia le explicó que esos delitos habrían sido cometidos en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Previamente, el exfiscal Zair Mundaray había recordado en el juicio contra la directiva de la CVG se determinó que «a través de la Corporación Venezolana de Guayana y SIDOR C.A., mediante firmas de contratos y alianzas efectuadas entre 2018 y 2022, adjudicaron buques con material estratégico a empresas internacionales». Según ese texto, el 40% de los recursos se asignaba a la empresa compradora y el 60% a la CVG, con pagos ordenados a favor de empresas «de maletín» manejadas por venezolanos y comisiones a funcionarios de la corporación.
El exfiscal sostuvo que lo más grave fue el desmontaje irregular de las líneas de producción 3 y 4 de CVG Venalum, para refundir el material en lingotes, sin cumplir el procedimiento de desincorporación de bienes públicos que exige la ley. Según la acusación, se hizo mediante el Punto de Cuenta N.° 002 del 28 de enero de 2021, «avalado por Tareck Zaidan El Aissami Maddah», y causó una pérdida de cerca de 85 millones de dólares.
Mundaray explicó que esto llevó a ampliar la imputación contra El Aissami por los nuevos cargos, lo que «complica aún más su situación legal».
El Aissami, exvicepresidente y exministro de Petróleo, fue detenido el 9 de abril de 2024, como parte de una purga interna del chavismo en lo que se conoció como la segunda fase de la trama PDVSA-Cripto.
Tras dos años detenido, su juicio comenzó en 2026 en medio de una gran opacidad y hermetismo. En mayo, durante su declaración ante el juzgado, denunció haber sido torturado y acusó al exfiscal general Tarek William Saab y a Carlos Erick Malpica Flores de desfalco y extorsión, y pidió la nulidad del proceso.
