Durante el Encuentro Internacional “Contrarrestando los ilícitos y la corrupción venezolana”, organizado en Buenos Aires por la ONG Transparencia Venezuela en el Exilio en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), juristas, fiscales y activistas coincidieron en que la corrupción estructural del régimen chavista debe ser abordada como un crimen internacional, dadas sus consecuencias sistemáticas sobre los derechos fundamentales de millones de venezolanos.
La penalista española Maite Parejo, presidenta del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Madrid, planteó que los actos de gran corrupción en Venezuela deben ser reconocidos como graves violaciones de derechos humanos. “La corrupción tiene víctimas. No es un crimen sin víctimas”, afirmó. “En sistemas como el de Venezuela, si tú pones a la población, a la sociedad civil en unas situaciones en las que no tienen salud, alimentación, estás poniendo en riesgo su supervivencia”.
Parejo propuso que estos actos puedan ser tipificados como crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma, especialmente a través del artículo 7 y su cláusula K. “Lo ideal, creo yo, que sería tener un tipo penal independiente ajustado a esta realidad. Pero no lo tenemos. No tenemos el reconocimiento claro de las graves vulneraciones de derechos humanos. No tenemos un crimen internacional”, lamentó.
Ataque a la democracia
El fiscal federal argentino Diego Luciani, quien logró la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción, fue enfático al vincular corrupción y derechos humanos: “La corrupción atenta contra la democracia, atenta contra los derechos humanos”.
El consultor de Poder Ciudadano, Germán Emanuele, compartió la experiencia de seguimiento de más de 20 causas judiciales vinculadas al fideicomiso bilateral entre Argentina y Venezuela. “Tenemos causas que investigan el fideicomiso, causas que investigan algún contrato entre una empresa y el gobierno venezolano, por supuesto pago de sobreprecios, otros por lavado de dinero y hay muy poca coordinación”.
Emanuele destacó la necesidad de que el sistema judicial argentino adopte una mirada más amplia: “Acá el delito no es contra las administraciones públicas, son las administraciones públicas las que armaron el esquema para poder sacar plata del Estado”. Y agregó: “Ese debilitamiento institucional nos lleva no solamente a sustraer dinero público, sino también a toda esta matriz de violación sistemática de derechos humanos”.
Venezuela sin justicia
El penalista peruano y expresidente de Transparency International, José Ugaz, trazó un panorama devastador sobre la justicia venezolana. “Desde que Hugo Chávez tomó el poder allá en 1999, se produjo un cambio con una nueva constitución que apuntó directamente a la politización de la justicia”. Recordó que los jueces del Tribunal Supremo recibían órdenes directas del Ejecutivo: “Se les entregaban las sentencias que ellos debían firmar delante y luego el propio gobierno se encargaba de hacerlas públicas”.
Ugaz explicó que, ante la justicia fallida en Venezuela, la única opción ha sido buscar justicia en el exterior. “Son investigaciones que podríamos llamar que constituyen una suerte de naturaleza de ser hijas espurias. Están en una circunstancia donde nadie las reconoce como propias”.
El encuentro concluyó con un llamado a redefinir la corrupción como crimen de poder, con impacto directo en los derechos humanos. Los expertos coincidieron en que, mientras no exista una tipificación internacional específica, es urgente aplicar enfoques jurídicos más amplios y fortalecer la cooperación entre fiscalías, sociedad civil y organismos internacionales para romper el ciclo de impunidad.
