Tres causas judiciales internacionales tienen en la mira a Nicolás Maduro, por presuntos crímenes que van desde graves violaciones a los derechos humanos hasta narcoterrorismo.
Estas son las tres causas judiciales que avanzan en la Corte Penal Internacional (CPI), en la Justicia Federal de Argentina, y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, contra Maduro:
1) CORTE PENAL INTERNACIONAL:
El fiscal de la CPI Karim Khan KC abrió el 3 de noviembre de 2021 una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela al menos desde febrero de 2014, luego de la remisión presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
Desde abril de 2022 la investigación estuvo pausada por un recurso de apelación presentado por el régimen de Maduro en contra de la causa al argumentar que ya la Justicia interna de Venezuela estaba investigando las violaciones de DDHH y que no le correspondía actuar a la CPI.
En 2023 la CPI abrió un proceso para recibir testimonios de víctimas venezolanas, para que expresaran su opinión sobre si la investigación debía continuar o suspenderse. Cerca de 9 mil víctimas participaron, respaldando la investigación de la Fiscalía de la CPI.
Finalmente, el pasado 1 de marzo de 2024, por unanimidad, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazaron la apelación del régimen que pretendía suspender la investigación y autorizaron a la Fiscalía de la CPI a continuar la pesquisa, al considerar que la Justicia de Venezuela no está realizando investigaciones genuinas para castigar a los violadores de derechos humanos.
El pasado 9 de septiembre de 2024 la Fiscalía de la CPI confirmó que la investigación se encuentra “activa y en curso”. El despacho de Karim Khan informó que como parte de su investigación también está “siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024” y que está “analizando de forma independiente e imparcial la información que se le transmite sobre las denuncias de crímenes que pueden ser de la competencia de la Corte”.
La Fiscalía, además, afirmó que “no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela”.
Actualmente la investigación se encuentra en una fase en que la Fiscalía de la CPI debe individualizar casos e imputar a sospechosos, citándolos a declarar o emitiendo órdenes de arresto en su contra.
El 6 de septiembre de 2024, Argentina se convirtió en el primer Estado Parte del Estatuto de Roma que exhortó al fiscal de la CPI a que solicite órdenes de aprehensión contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen.
Este mismo exhorto lo hizo un grupo de más de 30 expresidentes iberoamericanos y el Panel de Expertos de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad.
A los seis países iniciales que habían remitido la situación de Venezuela a la CPI, se sumó Uruguay el pasado 6 de septiembre de 2024.
2) JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ARGENTINA:
El 18 de enero de 2023 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) -que integran políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos- presentó en la Justicia Federal de Argentina una denuncia penal contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La denuncia se presentó en Argentina sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
El 14 de junio de 2023 la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia federal de Argentina, pidiendo que se investigue las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. En particular se presentó el caso de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidios.
Ambas denuncias fueron unificadas en una sola causa, asumida por el fiscal federal Carlos Stornelli.
El 14 de febrero de 2024 el FADD presentó ante el despacho del fiscal Stornelli una ampliación de la denuncia inicial. La ampliación incluyó, entre otros, el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje junto a su hija. San Miguel fue sometida a desaparición forzada y fue encerrada en el centro de torturas El Helicoide.
También en febrero de 2024, Amnistía Internacional respaldó el pedido para que la Justicia Federal de Argentina, sobre la base del principio de jurisdicción universal, investigue las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Maduro. A través de una intervención conocida como amicus curiae (amigo del tribunal), Amnistía Internacional sostuvo que la justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El 6 de abril de 2024 los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, ordenaron investigar la posible responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en el marco del principio de justicia universal.
En su fallo, los jueces indicaron que “corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”.
El 17 de septiembre el tribunal realizó una audiencia en la que víctimas venezolanas, representantes del FADD y la Fiscalía solicitaron que se ordene el arresto de Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista.
El abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, afirmó que la Justicia argentina está “ante un momento histórico” porque, sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, tiene la posibilidad de ordenar la captura de “los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica, que ha transformado a Venezuela en sinónimo de diáspora, tortura y muerte”.
En la audiencia expusieron sus testimonios cinco víctimas venezolanas, quienes relataron la persecución, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas de las que fueron víctimas en su país, como parte de las prácticas de terrorismo de Estado que aplica el régimen de Maduro.
La Justicia argentina ha aplicado anteriormente este principio para abrir investigaciones por diversos casos: en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco; en 2021 sobre presunto genocidio contra la comunidad rohingya en Myanmar; y en 2022 por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador Daniel Ortega en Nicaragua.
3) NARCOTERRORISMO EN ESTADOS UNIDOS:
El 26 de maro de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una imputación contra Nicolás Maduro Moros por cargos de narcoterrorismo.
En esa oportunidad, el fiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr; el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman; y la fiscal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, anunciaron que Maduro era acusado:
- Participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua.
- Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua.
- Usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una pena mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua.
- Conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
Junto a Maduro, también fueron acusados Diosdado Cabello Rondón, actual ministro de Interior del régimen venezolano; el exdirector de contrainteligencia militar Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”; y el general Clíver Antonio Alcalá Cordones.
Por información para la captura de Maduro, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares; y por el resto 10 millones de dólares. Carvajal y Alcalá ya fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos.Según la acusación, al menos 1999, Maduro Moro
s, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones actuaron como líderes y administradores del Cártel de Los Soles y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del Ejército, el aparato de inteligencia, el Congreso y el Poder Judicial, “para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.
“En su papel como líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó los asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC en el entrenamiento de un grupo de milicianos no autorizado que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles”, señaló el Departamento de Justicia.
