Al menos 26 personas desaparecieron al sur del estado Bolívar durante 2021 según la última actualización del monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
La mayoría de estas personas desaparecieron en las minas del municipio Sifontes (10). Las demás, en El Callao (4), Sucre (3), Cedeño (2), Angostura del Orinoco (1) y Gran Sabana (2).
La cifra es apenas el subregistro de un patrón de desapariciones forzadas que ocurre con mayor frecuencia desde que, en 2016, Nicolás Maduro puso en marcha la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO) como salvavidas ante la caída en picada de la industria petrolera.
El AMO es un proyecto extractivista que procura la explotación de minerales en un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados y que supone el 12,2% del territorio nacional. Desde que inició el proyecto, se instalaron en la región numerosas plantas procesadoras de oro y empresas mixtas, y con estas, también arribaron los grupos armados irregulares.
La ONG denunció que la producción en la zona prospera porque se alimenta de la minería ilegal, controlada por bandas armadas y grupos guerrilleros extranjeros que mantienen el dominio a base de enfrentamientos, castigos ejemplarizantes, y redes de explotación laboral y sexual.
De los 26 desaparecidos documentados, apenas 27% apareció y reportaron a sus familiares que estuvieron tiempo sin comunicarse porque empleadores dentro de las minas les quitaban los teléfonos, porque el sindicato de turno les prohibió la comunicación o por falta de señal telefónica.
76% de las personas reportadas como desaparecidas no han vuelto a sus hogares. Cinco de estas provienen de los estados Apure, Mérida y Lara.
175 desaparecidos en casi una década
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní han compilado 175 reportes de desaparición al sur del estado Bolívar ocurridos entre 2012 y 2021.
Aunque estas desapariciones pueden considerarse un patrón sistemático que no puede separarse de la extracción de oro al sur de Venezuela, el Estado aún no ha implementado políticas públicas que garanticen la búsqueda en vida de estas personas.
Eso, aunque Venezuela firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y firmó y ratificó la Convención -y el Protocolo Facultativo- contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
Las víctimas enfrentan un limbo jurídico: en el país no hay leyes para abordar los procesos de investigación, seguimiento y reparación de las víctimas del conflicto minero. Sus familiares están solos.
