Con el inicio oficial de la campaña electoral en Venezuela, el pasado 4 de julio, el régimen de Nicolás Maduro intensificó la persecución contra la oposición venezolana o personas que le presten algún servicio al candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder María Corina Machado.
La ONG Laboratorio de Paz presentó este lunes un balance, con datos recabados junto a organizaciones como Foro Penal, Fudehullan, Espacio Público y Justicia Verdad Venezuela, de las violaciones a los derechos humanos documentadas en el marco de la campaña electoral entre el 4 y el 14 de julio.
En este periodo registraron 71 detenciones arbitrarias de activistas opositores u otras personas vinculadas a la campaña opositora, 66 hombres y 5 mujeres.
Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, alertó que «solamente en los primeros 10 días de inicio formal de la campaña ya hemos superado ampliamente la cifra de detenciones arbitrarias que desde las organizaciones de derechos humanos habíamos documentado en los primeros seis meses del año, donde registramos 52 detenciones arbitrarias por razones políticas».
La mayoría de estos arrestos ocurrieron en el estado Táchira, con 38 casos. Le siguen Barinas (7), Miranda (5), Anzoátegui (4), Carabobo (3), Portuguesa (2), Distrito Capital (2) y Monagas (1).
Entre los victimarios han identificado a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), civiles armados y agentes de tránsito.
Hostigamientos, represalias y censura
Además, en estos primeros 10 días de campaña se registraron 26 casos de hostigamiento, incluidos el sufrido por el candidato González Urrutia por parte de funcionarios de la aerolínea estatal Conviasa y el perpetrado por funcionarios regionales y municipales del estado Aragua contra María Corina Machado en un restaurante de La Encrucijada.
También han documentado 13 casos de retención de bienes (como camiones de sonido), dos cierres de comercios y tres allanamientos, como represalias por brindar servicios a la campaña opositora.
Asimismo, ha habido 20 casos de violaciones a la libertad de expresión e información, incluido el cierre de una emisora de radio. También se registraron cuatro nuevos bloqueos a portales informativos, para un total de más de 50 medios digitales bloqueados en el país.
Finalmente, las ONG también documentaron 11 casos de obstrucción al libre tránsito, con bloqueos de vías para impedir la realización de actos proselitistas.
«Lamentablemente esperamos que en la medida que nos acerquemos al 28 de julio estas situaciones se van a incrementar, especialmente las relativas al derecho a la libertad de expresión e información. Creemos que a medida que nos acerquemos al 28 de julio las campañas de desinformación e información falsa y de intentar confundir a la ciudadanía se van a incrementar», advirtió Uzcátegui.
El activista indicó que seguirán documentando estas situaciones «para mandar la mejor información posible a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos para que sean ellos los que intenten disuadir y generar todas las presiones para evitar un mayor abuso de poder».
