El Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, emitieron una declaración conjunta en la que suscriben los principios de cooperación para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro y sus vínculos con el narcotráfico.
«Reconocemos la degradación del estado de derecho en Venezuela debido a la falta de voluntad del régimen ilegítimo de Maduro para detener el narcotráfico y desarraigar los elementos criminales que explotan a todos. esquina de Venezuela. Evaluamos que Nicolás Maduro, el ilegítimo dictador venezolano y capo de la droga, representa un peligro para la estabilidad de toda la región, no solo de Venezuela. Para promover la seguridad del pueblo venezolano y de nuestro hemisferio, el ilegítimo régimen narco de Maduro debe rendir cuentas y enfrentar la justicia por sus crímenes«, declaran amboss Gobiernos.
Con este fin las administraciones de Trump y Guaidó reafirman su compromiso de «detener el transbordo de drogas a través de Venezuela, prevenir el cultivo y consumo ilícito de drogas, combatir la corrupción endémica de los funcionarios del régimen e impedir el lavado de dinero y las redes criminales relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos».
En la declaración conjunta, EEUU y el Gobierno interino de Venezuela informan que el pasado 24 de noviembre se reunieron con países de ideas afines para una reunión de trabajo sobre cómo abordar el crimen transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas relacionadas facilitadas por la falta de estado de derecho en Venezuela.
Tras esta reunión, el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno Interino de Venezuela expresaron su apoyo a los siguientes principios de cooperación:
- Subrayar nuestro compromiso con los principios consagrados en los tratados sobre drogas de la ONU, incluida la Convención de 1961, con sus enmiendas, la Convención de 1971 y la Convención de 1988;
- Mejorar el intercambio de información de las sobre narcóticos ilícitos; contrabando; minerales ilícitos; trata de personas, incluidos el trabajo forzado, la criminalidad forzada, la trata para fines de explotación sexual y el reclutamiento forzado de menores para conflictos armados; y las tendencias e investigaciones sobre el lavado de dinero;
- Impulsar la cooperación regional para combatir la producción y el tráfico de narcóticos, la trata de personas en todas sus formas y otros tipos de criminalidad relacionados;
- Mantener las sanciones dirigidas a personas clave implicadas en tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y otras actividades delictivas para limitar su posibilidad de desplazarse y realizar transacciones financieras a nivel internacional;
- Adoptar políticas de reducción de la demanda de drogas empíricamente comprobadas, que se enfoquen en la prevención del consumo de drogas y el tratamiento, incluidas las Normas Internacionales sobre la Prevención del Uso de Drogas y para el Tratamiento de los Trastornos causados por el Uso de Drogas;
- Reafirmar las obligaciones en materia anticorrupción que se asumieron conforme a la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción;
- Impulsar los principios de asociación, cooperación informal, transparencia y rendición de cuentas para la recuperación de activos robados;
- Asumir la determinación de cooperar para combatir todas las formas de criminalidad organizada transnacional y reafirmar los compromisos que asumimos en virtud de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus correspondientes protocolos, en particular, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; y
- Reconocer la necesidad de incrementar la capacidad de las autoridades pertinentes para mejorar la seguridad pública en Venezuela y concretar las acciones mencionadas precedentemente contra la delincuencia y la corrupción que han surgido en Venezuela como resultado de la ausencia del Estado de derecho con el presidente ilegítimo Nicolás Maduro.
