Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal en contra de tres ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos por presuntamente participar en una trama de lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenido a través de sobornos.
Según documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, 55, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, 32, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 y hasta al menos 2020 conspiraron con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.
De acuerdo a los fiscales, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma-Mora cuando se desempeñó como gobernador del estado Táchira.
Los acusados inflaron los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente, señala la Justicia estadounidense.
La acusación también alega que ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores recibieron aproximadamente 1.6 mil millones de dólares de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a través o hacia los Estados Unidos.
Cada uno de los acusados está acusado en una acusación formal de cinco cargos con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero.
Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión.
