El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves la Licencia General N.º 46, que autoriza ciertas actividades comerciales con petróleo de origen venezolano, en un giro significativo de su política de sanciones.
La medida llega horas después de que la Asamblea Nacional chavista aprobara por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, con el objetivo de atraer inversión privada y extranjera, especialmente estadounidense.
La licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), permite a entidades estadounidenses realizar transacciones ordinarias y necesarias para la exportación, refinación, transporte y comercialización de petróleo venezolano, incluyendo acuerdos con el Gobierno de Venezuela y con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), siempre que los contratos estén regidos por leyes estadounidenses y los pagos se canalicen a fondos específicos autorizados por el Tesoro.
La Licencia General N.º 46 establece que:
- Los contratos deben incluir cláusulas de jurisdicción estadounidense y resolución de disputas en EE.UU.
- Los pagos a personas bloqueadas deben dirigirse al Fondos de depósito de gobiernos extranjeros, según lo estipulado en la Orden Ejecutiva 14373.
- Se permite la contratación de servicios logísticos, seguros marítimos, operaciones portuarias y intercambios comerciales razonables como swaps de crudo y diluyentes.
Sin embargo, la licencia excluye:
- Pagos en oro, criptomonedas o condiciones no comerciales.
- Transacciones con entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China.
- El desbloqueo de activos sancionados o el uso de embarcaciones bloqueadas.
Las empresas que exporten petróleo venezolano a países distintos de EE.UU. deberán reportar cada operación al Departamento de Estado y al Departamento de Energía, incluyendo detalles sobre los actores involucrados, volúmenes, destinos y pagos al gobierno venezolano.
La decisión del Tesoro estadounidense se produce tras la aprobación de la reforma petrolera por parte de la Asamblea Nacional chavista, que modifica sustancialmente la ley promulgada en 2001 y reformada en 2006 por Hugo Chávez. Los cambios permiten la participación privada en actividades primarias como exploración, extracción, transporte y almacenamiento, y habilitan mecanismos alternativos de resolución de controversias, como mediación y arbitraje internacional.
