El Foro Cívico, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil, denunció este miércoles que el régimen de Nicolás Maduro, a través de la Contraloría General de la República, aplica inhabilitaciones retroactivas en contra de candidatos del denominado chavismo disidente, con el objetivo de excluirlos de las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre.
«La medida que se había centrado casi exclusivamente en opositores, desde 2002 en adelante, ahora se aplica al chavismo disidente, y se aplica de forma retroactiva al periodo de admisión de postulaciones», indicó en rueda de prensa el experto electoral y excandidato a rector del CNE, Eugenio Martínez.
Destacó los casos de Ronald Hernández en Araure, Samuel Durán en Agua Blanca, Édgar Faneite en San Genaro de Boconoito, Jesús Soteldo en Turén, y Eduardo Samán en Caracas.
«Esa estrategia de apartar opositores que empezó en 2002 se aplica ahora al chavismo disidente», afirmó.
Sin cambios sustanciales
Martínez detalló que entre 2002 y 2016 más de 1.400 dirigentes políticos opositores fueron inhabilitados; cifra que no se conoce actualizada hasta la fecha debido a que desde entonces la Contraloría General de la República dejó de publicar en la Gaceta Oficial.
De ellos, solo 28 líderes opositores fueron habilitados para participar el 21 de noviembre, entre los que resaltan Tomás Guanipa y Luis Florido.
El integrante de Foro Cívico aseguró que este aspecto de las garantías electorales es en el que menos se ha avanzado, y recordó casos como el de Richard Mardo, a quien se le impidió postularse como candidato en Aragua.
Igual ha ocurrido con las tarjetas de los partidos políticos que han sido intervenidas, pues solo se habilitó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El experto electoral lamentó que hasta ahora «no hay un cambio sustancial» en este en cuanto a garantizar el derecho al pluralismo político, a pesar de los esfuerzos de los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez.