La encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, informó este martes que solicitó a la fraudulenta Asamblea Nacional chavista la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el objetivo de avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en la norma.
«Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela. He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación», escribió Rodríguez en sus redes sociales. La mandataria sostuvo que la reforma busca abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad.
En una carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y fechada el 28 de septiembre, Delcy Rodríguez solicitó formalmente la reforma parcial de la ley, publicada en la Gaceta Oficial en noviembre de 2017, con el objetivo de despenalizar las conductas previstas en la norma, como parte de las acciones del régimen para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el reencuentro democrático. En la misiva, pidió que la iniciativa sea considerada «con carácter de urgencia».
El anuncio se produce días después de que el Comité de Mujeres Políticas solicitara ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad total de la ley por inconstitucionalidad, y pidiera medidas cautelares para liberar a las personas detenidas por delitos tipificados en esa norma.
Un instrumento de persecución política
La Ley contra el Odio estableció penas de entre 10 y 20 años de prisión para quien «fomente, promueva o incite» al odio, con tipos penales calificados por organizaciones de derechos humanos como vagos, sin ajustarse a los estándares internacionales de precisión exigidos para restringir la libertad de expresión. La norma incluyó además categorías de odio «político, social e ideológico», más allá de lo que exige el derecho internacional, lo que permitió su uso como blindaje frente a la crítica al poder.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU había constatado, en sus observaciones finales de 2023, que el régimen se ha servido de esta ley para restringir la libertad de expresión, y en agosto de 2024 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) también manifestó «seria preocupación» por su uso, y exhortó al Estado venezolano a modificarla.
Según un balance de la organización Espacio Público, entre 2017 y 2024 se registraron más de 120 casos de vulneración a la libertad de expresión vinculados a la ley. En el ciclo poselectoral de 2024-2025, la organización documentó 73 detenciones por ejercer la libertad de expresión, de las cuales 33 invocaban el supuesto delito de «instigación al odio», entre víctimas que incluyen periodistas, activistas y ciudadanos comunes. Espacio Público también documentó el uso de la ley como instrumento de extorsión, tanto por funcionarios de seguridad y del Ministerio Público como entre particulares.
Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela.
He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales pic.twitter.com/FxlzX9gFkS
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 29, 2026
