La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) manifestó este domingo 10 de mayo su rechazo ante la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuya defunción fue admitida recientemente por las autoridades tras meses de ocultamiento.
En un comunicado emitido a propósito del Día de la Madre, la Iglesia venezolana exigió que se establezcan las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
La institución católica instó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a actuar con «verdadera autonomía e independencia» para investigar un caso que calificó como una tragedia humanitaria. «Es imperativo determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que un joven venezolano muriera en el olvido, sin acceso a su familia y privado del debido proceso», señaló la CEV.
La jerarquía eclesiástica expresó su total solidaridad con la señora Carmen Teresa Navas, de 81 años, a quien describió como el reflejo de miles de hogares fracturados por la represión. «Su incansable búsqueda, marcada por el hostigamiento y la incertidumbre, es un grito que clama al cielo. Carmen personifica el viacrucis de tantas familias venezolanas», reza el documento.
La CEV recordó que el Estado tiene el deber «moral y jurídico irrenunciable» de garantizar la integridad física de quienes están privados de libertad, una obligación que fue flagrantemente vulnerada en el caso de Quero Navas.
Para la Iglesia, el hecho de que el Estado suministrara información contradictoria mientras el joven ya había fallecido en julio de 2025 es una señal clara de «falta de transparencia y probidad». El comunicado asevera que la negación del paradero de Quero en recintos como El Rodeo I configura elementos de desaparición forzada, un delito que no prescribe y que la justicia no debe ignorar.
En relación con la exhumación realizada el pasado viernes, la Conferencia Episcopal hizo un llamado para que expertos internacionales validen los hallazgos, buscando esclarecer la verdad y detener lo que definieron como una «crueldad institucional que revictimiza» a los familiares.
