La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este sábado las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza ocurridas en Venezuela, e hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro a cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar, juzgar y sancionar la práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos.
«Conforme a información pública, en la primera quincena del 2022, agentes de seguridad del Estado estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos, – patrones y números que coinciden con los registrados por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Estados Americanos», indicó la CIDH en un comunicado.
Destacó la Comisión que en estos casos, ocurridos en el marco de operativos de seguridad ciudadana, el 80% de las víctimas tenían menos de 25 años, 99% eran hombres en situación de pobreza y en un 80% de los casos hubo algún tipo de amenaza o intimidación contra los denunciantes.
«La CIDH observa que estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos. Adicionalmente, encuentra preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes de ‘resistencia a la autoridad'», manifestó.
Frente a ello, la CIDH reiteró que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas. Y recordó que «los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia».
Por último, subrayó que el Estado tiene el deber de «iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva» sobre estos casos, que conlleve al «enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales».
