El comisionado presidencial para la ONU, Miguel Pizarro, acusó al régimen de Nicolás Maduro de violar el acuerdo suscrito entre la Asamblea Nacional y la Organización Panamericana de la Salud para la ejecución del plan de respuesta a la pandemia del coronavirus.
En el documento se explica que como parte del acuerdo, el 1 de octubre de 2020 la OPS adquirió 10 equipos SD Biosensor (F-100) y 340.000 cartuchos para la detección cualitativa del antígeno específico del virus SARS-CoV-2, y el proveedor donó 18 equipos (F-200) adicionales.
«Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud estos equipos están destinados a estar en los centros de salud de alta rotación de pacientes con sospecha de COVID-19. En principio, las partes involucradas en el acuerdo establecieron que los equipos y las pruebas se ubicarían en 27 hospitales centinelas para COVID-19 de los estados del país, incluido el Distrito Capital. Sin embargo, después de la entrega de los equipos y cartuchos por parte de la OPS al Instituto Nacional de Higiene (INH), el régimen tomó la decisión unilateral de trasladar los equipos a las redes de laboratorios de salud pública regionales y otros centros no autorizados ni preparados para la atención de pacientes con COVID-19», denunció Pizarro en el comunicado.
Dicha irregularidad fue alertada en noviembre por parte del Gobierno interino y la Asamblea Nacional, que -junto a OPS-, han hecho los esfuerzos posibles para que sean devueltos los equipos a las sedes acordadas en un principio, sin obtener respuesta.
«Cnsideramos que la decisión unilateral del régimen de ubicar las máquinas para la prueba de antígeno en los laboratorios de salud pública regional, y en otros entes con baja afluencia de casos de COVID-19, representa una clara violación del acuerdo, ya que esta decisión significa un uso ineficiente de estas máquinas, alejando las pruebas del paciente y evitando la descentralización de las pruebas, uno de los objetivos de esta compra», expresó Pizarro.
El comisionado advirtió que mantener los equipos en los laboratorios de salud pública no solo le otorga al régimen absoluto control sobre los resultados y la posibilidad de manipulación de la data, sino que también, según la información de la misma OPS, desde finales de octubre, fecha en la que llegaron 340.000 pruebas de antígenos a Venezuela, solo se han utilizado alrededor de 3.000, es decir el 1%.
«Hacemos un llamado a la comunidad internacional, agencias humanitarias, organizaciones multilaterales, Organizaciones No Gubernamentales y demás actores a sumarse a la denuncia y la procura de que los equipos, pruebas e insumos para la atención de la COVID19 en Venezuela sean usadas y se pongan al servicio de los venezolanos», instó Pizarro.
Recordó que el número de pruebas y el diagnóstico oportuno de los casos positivos, asi ́como el rastreo de los contacto ha sido, a nivel global, el met́odo maś certero para poder disminuir la tasa de transmisión del virus, por lo que es imprescindible continuar los esfuerzos para lograr la descentralización de las pruebas.
«Las decisiones unilaterales por parte del régimen no implican de ninguna forma que ha cesado nuestro interés en mantener el acuerdo suscrito con OPS, al contrario, hacemos votos porque este acuerdo se mantenga, porque Venezuela pueda tener acceso despolitizado y real a la asistencia que requiere y a la vacuna contra la COVID-19 bajo el mecanismo COVAX», resaltó.
