A pesar de que el artículo 145 de la Constitución establece que «los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna», durante la campaña electoral para las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, las alcaldías y gobernaciones se han dedicado a hacer proselitismo en favor de los candidatos del PSUV.
Así lo ha denunciado el Observatorio Electoral Venezolano en su más reciente boletín, en el que indica que «el oficialismo se apoya, principalmente, en consejos comunales, alcaldías y gobernaciones» para promocionar a sus aspirantes a diputados.
El informe detalla que la mayoría de observadores reportó que consejos comunales (69,4% de los observadores lo han visto, escuchado o leído), alcaldías (59%), gobernaciones (51,7%) y empleados públicos (48,6%) están desarrollando actividades o eventos electorales a favor de la alianza oficialista.
«Esta es una práctica que se repite desde procesos electorales anteriores, a pesar de que el marco jurídico nacional prohíbe expresamente a los funcionarios y empleados públicos expresar parcialidades político-partidistas de ningún tipo en el ejercicio de sus cargos», destacó el OEV.
Entrega de alimentos y medicinas
Sobre el uso de los programas sociales gubernamentales durante la campaña electoral, 59% de los observadores ha recibido, observado, escuchado o leído sobre entrega de alimentos por parte de grupos oficialistas (PSUV y aliados), mientras que 45% ha sabido de entrega de medicinas de parte de la misma alianza.
En relación con las jornadas de servicios públicos llevadas a cabo por el gobierno central, gobernaciones o alcaldías durante la campaña electoral, entre el 32% y el 47% de los observadores ha recibido, observado, escuchado o leído de recolección de basura, recarga de gas o entrega de agua (camiones cisterna) relacionadas con el oficialismo. En menor medida, 19,5% de observadores ha sabido de jornadas de entrega de leña para cocinar por parte del oficialismo, en un país con una profunda crisis en el acceso al servicio de gas doméstico.
El artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción establece que “los funcionarios y empleados públicos no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos particulares”.
