El lunes 28 de noviembre se cumplió una semana desde que un grupo de activistas decidió encadenarse en la plaza Morelos de Caracas, frente a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en protesta para exigir que se garanticen y respeten los derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela.
En el país las personas trans no pueden cambiarse el nombre, los militares son enviados a prisión si expresan abiertamente su homosexualidad y las parejas del mismo sexo no pueden casarse civilmente. Todas estas vulneraciones a los derechos de las personas LGBTI han tratado de ser revertidas, durante años, a través de los poderes del Estado, que no han atendido los reclamos y su única respuesta es la omisión.
Por ello, Koddy, Paúl y Johán empezaron esta protesta pacífica, a la que Jorge, de 19 años, se sumó el viernes 25 de noviembre.
«Estamos siendo discriminados por omisión. El que no se quiera hablar del tema, el que no se nos dé respuesta también es discriminación, es homofobia, es transfobia», declaró a EFE Koddy Campos, que relaciona la falta de acción del Estado con los crímenes de odio y los suicidios de personas LGBTI.
Sin identidad
En agosto de este año, Paúl Martucci fue a solicitar el cambio de su nombre, cansado de los problemas que tiene cada vez que presenta su documento de identidad. Igual que a todos los que le precedieron, incluida Tamara Adrián, primera diputada transexual de América Latina, le dijeron que su caso solo lo podría resolver el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El máximo tribunal ha recibido decenas de peticiones similares, algunas desde hace 20 años, y ninguna ha prosperado. En vista de ello, Paúl cree que al Estado le ha llegado «el momento de rectificar y de asumir que se equivocaron» para luego dar paso a una «reparación histórica a la comunidad trans que se le ha negado la identidad».
«¿Qué queremos?, que rectifiquen y que avancemos, porque la identidad es el primer paso, no es lo único», advirtió.
Doble discriminación
Johán Chavarría lleva casi la mitad de su vida en una silla de ruedas, una discapacidad que adquirió años después de descubrirse gay. Algunos en su misma condición, dice, sienten que tienen una «doble maldición» debido al alud de discriminación que deberán sortear en el país.
Él no se amilana. Trabaja como barbero y en muchos otros oficios y saca tiempo para impulsar la lucha del colectivo, la que lo llevó hasta este plantón en el que se enfermó luego de varios días bajo la lluvia.
«Sí existe discriminación en ambos sectores y no es fácil estar en la sociedad siendo discriminado doblemente», subraya el joven que recibió esta semana un mensaje de una mujer trans, y como él, en silla de ruedas, que le agradecía por su ejemplo y por inspirarla.
Piloto frustrado
Jorge Moreno tiene 19 años. Hace poco terminó la secundaria y recientemente se enteró del apartado judicial que condena «los actos sexuales contra natura» en la institución castrense. Rápidamente supo que su sueño de ser piloto, que pensaba alcanzar en la academia de la fuerza aérea militar, era irrealizable.
«Si hubiera entrado (a la academia militar), estaría preso», dice el joven que acompañó la protesta desde el martes, hasta que el viernes se encadenó, hastiado de, a su corta edad, haber expulsado de un parque público por personas homofóbicas que no toleraban que estuviera con su novio sin ocultamientos.
«Y cuando fui a buscar justicia, cuando fui a poner una denuncia en el Ministerio Público se me discriminó (…) Me trataron de enfermo. Me dijeron que ni siquiera podía agarrarle la mano a mi novio porque está completamente prohibido«, relata.
Con información de EFE – Héctor Pereira
