La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano, fue absuelta la noche del jueves 1 de octubre por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo, que la declaró libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en su contra.
A través de un comunicado, San Miguel afirmó que la decisión ratifica lo que sostuvo desde el primer día de su detención, el 9 de febrero de 2024: su inocencia. La dirigente agradeció a su familia, en especial a su hija, así como a la sociedad civil venezolana, organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que acompañaron su caso, entre ellas Amnistía Internacional, Front Line Defenders y la Human Rights Foundation, además de sus abogados y del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
San Miguel extendió su solidaridad a quienes aún enfrentan procesos penales y situaciones de vulnerabilidad, y afirmó que la justicia solo será plena cuando el debido proceso y los derechos fundamentales sean garantía para todos los venezolanos.
Respecto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, expresó su esperanza de que sean anuladas, por considerarlas «profundamente injustas».
San Miguel reiteró su compromiso de continuar trabajando por el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.
Dos años de proceso judicial
Rocío San Miguel fue detenida en febrero de 2024, y pasó casi dos años recluida en el centro de torturas El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), donde permaneció meses con una fractura sin atender que requirió dos intervenciones quirúrgicas.
Fue excarcelada el 8 de enero de 2026, tras la captura del dictador Nicolás Maduro, y viajó a España. Sin embargo, esa excarcelación se produjo bajo medida cautelar sustitutiva, por lo que su proceso judicial permaneció abierto.
En mayo de este año, San Miguel regresó a Venezuela para reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo del caso, según informó entonces su hermano, bajo medidas cautelares que le prohibían dar declaraciones públicas.
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