El abogado de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel exigió que la presidenta de la ONG Control Ciudadano sea puesta en libertad para que pueda ser atendida y operada por sus médicos de confianza por una fractura en el hombro derecho.
El abogado Juan González Taguaruco dijo a EFE que la fractura fue diagnosticada el pasado 5 de diciembre, pese a que «ocurrió cuatro meses atrás», luego de caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis que «no fue debidamente atendida», y desde entonces «se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos».
«Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?», expresó.
A través de la red social X, la ONG Acceso a la Justicia pidió también que «sea evaluada por un equipo médico autorizado por su familia para conocer realmente su estado de salud», y exigió su «liberación inmediata».
San Miguel fue detenida arbitrariamente el 9 de febrero de este año en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, y fue sometida a desaparición forzada por varios días.
El régimen la acusa de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro. El fiscal general, Tarek William Saab, dijo -sin mostrar pruebas- en febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.
La presidenta de Control Ciudadano es una de las 245 mujeres que están presas por motivos políticos en el país, de un total de 1.905 personas encarceladas, la gran mayoría aprehendidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Con información de EFE
