Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay emitieron este jueves una declaración conjunta en la que instaron al régimen de Nicolás Maduro a retornar a la mesa de negociación en México con la Plataforma Unitaria de Venezuela.
La declaración fue leída en el marco del 51 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ella, los países instaron al régimen chavista a retornar a la mesa de negociaciones «sin demora«, expresando que «confían en que una vez reanudadas las negociaciones, resulten en la restauración de la democracia, en una solución integral a la grave crisis política, social, económica y humanitaria, así como en la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y transparentes».
En la declaración, los 13 países también «exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el cese de las persecuciones, el respeto a la independencia de los partidos, la libertad de expresión y prensa, y el restablecimiento del pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales«.
Asimismo, «reiteran su preocupación por la grave emergencia humanitaria y la consecuente crisis de migrantes y refugiados, que se ha convertido en el mayor éxodo en América Latina».
Los países miembros de la OEA también expresaron su «profunda preocupación por la continua alteración del orden democrático y el deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad en la República Bolivariana de Venezuela, agravados por la pandemia del COVID-19″.
Además, reafirmaron «la importancia de la inmediata y plena implementación de las recomendaciones contenidas en los informes del a CIDH y de la Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
En este sentido, tomaron nota del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que encontró motivos razonables para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad; y de la decisión anunciada por el fiscal de la Corte Penal Internacional el 3 de noviembre pasado, de dar por terminada la fase de examen preliminar de la situación en Venezuela y proceder a abrir la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela a partir del año 2017.
