El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 34 partidos políticos para postular candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Sin embargo, la mayoría de estas organizaciones están controladas, de manera directa o indirecta, por el régimen de Nicolás Maduro.
Entre los partidos habilitados destacan 12 agrupaciones que en los últimos años han sido intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la designación de nuevas autoridades afines o leales al régimen. Algunas de ellas eran históricamente opositoras al chavismo y otras formaban parte de las fuerzas que acompañaban al expresidente Hugo Chávez, pero luego se distanciaron de Maduro.
El inicio de las intervenciones se remonta al año 2012, cuando la Sala Constitucional del TSJ designó a Didalco Bolívar, un exgobernador que había sido imputado por corrupción, como presidente de una junta directiva ad hoc del partido Podemos, organización de izquierda que desde 2007 había roto con el chavismo.
Tres años después, en 2015, previo a las elecciones legislativas de ese año, el TSJ intervino otros cuatro partidos: el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), el Movimiento de Integridad Nacional – Unidad (MIN Unidad), Bandera Roja (BR) y del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
Lo mismo ocurrió en marzo de 2018 con la Unión Popular Venezolana (UPV), el partido fundado por Lina Ron, que fue intervenido por decisión de la Sala Constitucional del TSJ, que impuso a Henry José Hernández Rodríguez como presidente de la organización.
Intervención sistemática
A partir del año 2020 estas intervenciones judiciales se volvieron sistemáticas, como parte de una estrategia para cooptar a las organizaciones políticas previo a la renovación del parlamento, que desde 2015 era dominado por una amplia mayoría opositora.
Es así como antes de las elecciones parlamentarias de 2020 el TSJ intervino a otros seis partidos, no solo opositores sino también agrupaciones chavistas que se habían distanciado de Maduro y pretendían postular una alianza diferente a la del oficialismo.
El histórico partido Acción Democrática (AD) fue el primero en ser intervenido ese año, el 15 de junio de 2020. La Sala Constitucional impuso a Bernabé Gutiérrez como presidente de una mesa directiva ad hoc, quitándole la representación legal de la organización a su secretario general, Henry Ramos Allup.
Unos días después, el 7 de julio de 2020, ocurrió lo mismo con Voluntad Popular (VP), el partido del dirigente político Leopoldo López, que le fue entregado a José Gregorio Noriega, un político que había sido expulsado de la agrupación acusado de recibir sobornos del régimen chavista.
El 20 de julio de 2020 la Sala Electoral del TSJ reactivó un recurso que había sido presentado en 2017 y lo usó para suspender a las autoridades del partido Movimiento Republicano (MR) e intervenir la organización.
Un mes después, la arremetida fue contra partidos de izquierda que manifestaron diferencias con las políticas de Maduro y tenía la intención de desafiarlo presentando una coalición con candidatos alternativos al oficialismo. Así, la Sala Constitucional del TSJ intervino el 18 de agosto al movimiento de extrema izquierda Tupamaro, y el 21 de agosto al partido Patria Para Todos (PPT), nombrando directivos leales a régimen.
Ese mes, el Tribunal Supremo también reactivó los casos contra los partidos MIN-Unidad y Bandera Roja, que habían sido intervenidos en 2015, y habilitó a directivos afines al régimen como representantes legales para participar en las elecciones legislativas.
Comunistas intervenidos
La más reciente víctima de las intervenciones judiciales del chavismo fue el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Tras más de 90 años de historia, la tolda política fue intervenida el 11 de agosto de 2023.
La decisión de la Sala Constitucional del TSJ ocurrió luego de que el PCV rompiera con el régimen de Maduro y denunciara la deriva autoritaria de su gobierno.
El Tribunal nombró como directivo ad hoc a Henry Parra, un dirigente regional que había sido expulsado del partido dos años antes.
¿MUD, la próxima víctima?
De los 34 partidos habilitados por el CNE para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, solo uno -Un Nuevo Tiempo (UNT)- forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora.
Además, fue habilitada la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la tarjeta -con el logo de «la manito»- que representó a la oposición en la última década y que ha sido la más votada en la historia electoral del país.
Sin embargo, la MUD puede ser la próxima víctima de las intervenciones judiciales del régimen de Maduro, ya que el pasado viernes el político chavista Luis Ratti anunció que acudirá ante la Sala Electoral del TSJ para solicitar la «nulidad» de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, con el argumento de que «eso no es un partido político».
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