Zulmith Espinoza, madre de Luis Guillermo, joven de 15 años de edad que fue asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana en las manifestaciones del 2017, participó en el 48 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, donde denunció la impunidad en su caso.
Durante el diálogo interactivo sobre el informe de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, Espinoza presentó la historia y el caso de hijo, gracias al apoyo de la ONG Defiende Venezuela.
Relató que el 05 de junio 2017 su hijo de tan solo 15 años asistió a un protesta en ejercicio de sus derechos a la manifestación pacífica y de reunión. Agentes del Estado le ordenaron arrodillarse y lo amenazaron con asesinarlo, cuando intentó huir y le dispararon con un arma de fuego en la cabeza.
“Luis Guillermo falleció el 13 de agosto de 2017 luego de luchar durante 2 meses ante un sistema de salud decadente y el acoso de funcionarios del Estado que solo buscaban ocultar las pruebas”, dijo Zulmith Espinoza ante el Consejo.
Durante los dos meses que estuvo internado en la UCI del hospital, Luis vivió la decadencia del sistema hospitalario en el país, donde sin la alimentación necesaria llegó a ser un niño desnutrido. Mientras se encontraba intubado, era visitado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana constantemente, haciéndole vivir a él y a su madre tratos inhumanos y degradantes que incluían amenazas por llamadas telefónicas.
Espinoza denunció que el 05 de junio 2017 se inició la investigación por su caso, y el protocolo de autopsia se emitió 6 meses después de su muerte, con irregularidades. «No refleja la presencia de esquirlas metálicas del proyectil encontradas en la tomografía inicial. En el 2018 introduje 3 escritos. El Estado asignó 2 fiscalías que en año y medio no realizaron ninguna investigación, además, hubo 4 cambios de fiscal”, dijo.
Su caso en el 2020 fue trasladado a Caracas y se cambió 3 veces de fiscal. Han pasado 4 años, ha tenido 9 fiscales y el caso sigue en etapa de investigación. Hay 14 solicitudes de órdenes de aprehensión que no han sido concretadas.
“En Venezuela no existe justicia. Es por esto que solicito a los miembros de este Consejo a que sean más convincentes con el respaldo a la Misión y todos los mecanismos que yo como víctima y venezolana reconozco necesarios para algún día contar con la verdad y justicia necesaria para la reconciliación de Venezuela. Mi hijo y todos los asesinados injustamente merecen justicia”, finalizó.