El jefe de la fracción Libertad en la Asamblea Nacional chavista, Stalin González, afirmó que su bancada no está de acuerdo con que la reforma de la Ley contra el Odio mantenga sanciones administrativas.
Lo dijo este viernes 13 de noviembre durante la cuarta consulta pública sobre el proyecto, realizada en el auditorio del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Los diputados de Libertad defendieron la eliminación de cualquier artículo sancionatorio que permanezca en el texto. González dijo que el proyecto deberá evolucionar, a partir de las discusiones y de los planteamientos de los consultados, hacia uno «más propositivo».
«Nosotros tenemos nuestra posición: no estamos de acuerdo con las sanciones, ni las administrativas. Veremos cuando la comisión hable cómo vamos evolucionando hacia eso», afirmó.
González describió lo que llamó «la trampa» del debate. «Para un sector se necesita la derogatoria por completo de la ley para sentirse victoriosos y el otro dice ‘no la voy a derogar, la voy a reformar'», dijo. Según el diputado, el proyecto «tiene unos efectos derogatorios» en los que trabajan.
Dijo que de esta cuarta jornada rescata ver cómo evoluciona el texto para que «busque el bien jurídico que protege, que debe ser el derecho de opinión».
Más de 50 participantes expresaron su posición sobre la modificación de la ley. Según González, el instrumento se usó no solo para intimidar y coartar la opinión ciudadana, sino para estimular la autocensura en los medios.
González sostuvo que, tras la ley, «se acabaron en este país los programas de opinión en vivo», salvo en los canales del Estado. Dijo que los medios grababan las entrevistas, que sus consultorías jurídicas las revisaban y que censuraban lo que no estuviera «en el marco de la ley».
Ante el argumento del sector gubernamental de que la ley respondió al momento político de las protestas de 2017, González dio cifras. «En 2017 no tuvo ni un detenido esa ley. En 2018 tuvo 14 presos, en 2019 hubo 6, en 2020 hubo 32, en 2021 hubo 2, en 2022 hubo 1, en 2023 hubo 4. En total fueron 927, el resto fueron entre 2024 y 2025», afirmó.
«No es verdad que esa ley buscó la paz en 2017, se aplicó a quienes pensaban distinto y decían cosas por las redes sociales», dijo.
Por su parte, la diputada Amelia Belisario, integrante de la comisión de reforma, celebró que los ciudadanos participen en los espacios de debate. Recordó que su bancada negó su voto en la primera discusión. «La mayoría de ese parlamento votó por que se avanzara hacia la reforma de esa norma y lo que sigue es la consulta pública», dijo.
Belisario afirmó que la fracción seguirá participando en los espacios de debate, porque, aunque algunas discusiones sean incómodas, «solo en el diálogo podemos alcanzar objetivos comunes».
