Los directores de Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé pidieron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declarar la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la masacre del 11 de abril de 2002.
Durante sus alegatos finales, como representantes de las víctimas, en la audiencia del caso Trujillo y otros vs. Venezuela, celebrada en San José, Costa Rica, Himiob cerró la exposición con un llamado a los magistrados: «La Corte tiene ahora la oportunidad histórica de cerrar el ciclo de violencia y de impunidad y de devolver a los venezolanos y a los ciudadanos del mundo la esperanza, la fe en la ley y la confianza en el Estado de Derecho. No la dejen pasar».
El abogado señaló que las carreras de defensa de los derechos humanos «son de resistencia, no de velocidad» y que este caso es un ejemplo, después de casi 25 años de impunidad.
«La justicia puede tardar, pero lo que es inaceptable es que la justicia no llegue. La peor justicia es la que no llega», afirmó. Agregó que «más de dos décadas de espera y de impunidad, de injusticias y de ausencia absoluta de Estado de Derecho» han hecho que los venezolanos pierdan la confianza en la ley y en las instituciones como mecanismos para alcanzar la verdad, la justicia y la paz.
Un plan, no un hecho espontáneo
Romero recordó que el 11 de abril de 2002 murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas de bala, y sostuvo que ese día «marcó el comienzo de una estrategia de utilización de la represión política para controlar el poder político».
Dijo que desde entonces se repitieron los mismos patrones, con grupos civiles armados que hoy se llaman colectivos, provocando más de 20 asesinados en protestas en 2004, más de 20 en 2007, más de 40 en 2014, más de 140 en 2017, así como torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
Según Romero, los hechos de ese día no fueron aislados ni espontáneos, sino parte de un plan que se definió en una reunión celebrada el 7 de abril de 2002. Citó los testimonios consignados en el expediente del general de división Manuel Rosendo, entonces jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales (CUFAN); del entonces comandante del Ejército, general Efraín Vázquez Velazco; y del capitán Michael O’Brien. En esa reunión se planificó que «en forma activa, agresiva y contundente» se iba a contrarrestar a los manifestantes que intentaran llegar al palacio presidencial de Miraflores.
Romero también citó la declaración del capitán O’Brien, quien afirmó haber escuchado al entonces ministro de Defensa, José Vicente Rangel, llamar por teléfono al alcalde de Caracas, Freddy Bernal, para ordenarle que enviara a grupos civiles armados, conocidos como los Círculos Bolivariano, contra la población que se dirigía a Miraflores.
El abogado explicó que los hechos se dividen en cuatro sectores, destacando que en el sector 3, la avenida Baralt, murieron 11 personas. Dijo que más de 50 civiles chavistas aparecen en fotografías del expediente disparando de norte a sur. Según el abogado, en ese sector la Guardia Nacional se mantuvo en las esquinas sin intervenir ni bloquear a los civiles que disparaban.
En el sector 2, en el Liceo Fermín Toro, murieron tres personas representadas por Foro Penal: Juan David Querales, Jhonny Palencia y Víctor Reinoso. Romero destacó que en el expediente hay videos y fotografías de la Guardia Nacional disparando fusiles contra los manifestantes. Dijo que desde una azotea cercana el comandante del Core 5, el general Eugenio Gutiérrez Ramos, dirigía a esas fuerzas y recibía órdenes a través de la red conocida como «Tiburón».
Responsabilidad por acción y omisión
Gonzalo Himiob sostuvo que la responsabilidad del Estado debe examinarse desde tres perspectivas: por acción, por omisión y por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial.
Sobre la acción, dijo que el 7 de abril altos funcionarios se reunieron para aprobar acciones destinadas a enfrentar violentamente la marcha y que se ordenó usar a los Círculos Bolivarianos «de manera activa, agresiva y contundente». Afirmó que, posteriormente, el entonces presidente Hugo Chávez «reconoció haber provocado esa crisis» y que había sido «necesaria», lo que consta en el expediente, y que ordenó activar planes concebidos para conflictos bélicos.
Sobre la omisión, recordó que la Guardia Nacional tenía obligaciones de proteger a las personas y de aplicar una progresión en el uso de la fuerza. Según dijo, en el sector 2 se usaron armas de alto calibre contra manifestantes desarmados, y en la avenida Baralt la Guardia permaneció inactiva ante civiles armados y funcionarios vinculados al oficialismo, lo que derivó en la muerte de al menos 11 personas.
Himiob señaló que «al día de hoy la situación es de impunidad absoluta». Recordó que nunca se creó la Comisión de la Verdad que se reclamó y que el propio Estado informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 79 investigaciones relacionadas con los hechos, de las cuales 67 (84,81%) terminaron sin siquiera cerrar la fase preparatoria y en 78 (98,73%) no se identificó ni se sancionó a nadie.
Las causas que sí llegaron a sentencia, aseguró, no buscaron la justicia ni la verdad, sino «consolidar una narrativa» que presentara a los manifestantes pacíficos como criminales y traidores, y al Estado y sus colaboradores como víctimas o héroes. «Se condenó a inocentes y se absolvió a culpables», dijo, y afirmó que la impunidad «fue una consecuencia inmediata y deliberada de los acontecimientos».
Los representantes de las víctimas solicitaron que la Corte declare que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y que dicte medidas de reparación integral que incluyan la compensación económica o simbólica, el esclarecimiento de los hechos, la identificación y sanción de los responsables, la atención adecuada a las víctimas y garantías de no repetición.
