La abogada Thelma Fernández propuso a la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, que la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que resulte de la mesa de diálogo con el régimen interino tenga «carácter transitorio y una duración limitada, determinada desde el inicio del proceso de transición».
En una carta dirigida a Diguera, fechada el 7 de octubre, Fernández planteó que la renovación del TSJ «no es un proceso ordinario», y se preguntó si es conveniente que un tribunal designado en una etapa excepcional quede constituido, «desde el primer día», como un órgano ordinario con un período de 12 años.
El artículo 264 de la Constitución establece que los magistrados son elegidos por un único período de doce años, y el 265 prevé un procedimiento específico para removerlos por faltas graves. La abogada aclaró que esas garantías son esenciales y no deben debilitarse, pero distinguió entre proteger la estabilidad de los magistrados y asumir que una composición surgida en la transición deba ser, necesariamente, la ordinaria durante doce años.
Para sostener que se trata de un proceso excepcional, señaló que la propia negociación contempla mecanismos extraordinarios, como la revisión de credenciales y un comité de juristas, que no forman parte del procedimiento ordinario previsto en la Constitución ni en la ley del TSJ.
Un Parlamento cuestionado
La carta sostiene además que es legítimo preguntarse si ese mandato puede trasladarse automáticamente a una etapa en la que la Asamblea Nacional que designa sigue siendo la misma institución que, durante años, intervino en un sistema de justicia «ampliamente cuestionado por su falta de independencia».
Fernández precisó que no desconoce las competencias constitucionales de la Asamblea, pese al cuestionamiento sobre su origen, sino que busca que la composición definitiva del máximo tribunal sea decidida «por una institucionalidad plenamente legitimada en democracia».
Añadió que la reciente denuncia de la exmagistrada Bárbara César Siero, que debe ser investigada y corroborada, plantea «interrogantes muy serias» sobre las condiciones de independencia con que actuaban los magistrados.
«Un presidente elegido democráticamente podría verse obligado a gobernar durante años bajo el control constitucional de un tribunal cuya composición fue definida en una etapa política anterior», advirtió.
Fernández pidió que la delegación de Figuera incorpore a la hoja de ruta siete compromisos: reconocer la renovación del TSJ como parte de la transición; establecer expresamente el carácter transitorio de la nueva conformación; fijar una duración determinada y una fecha cierta de culminación; garantizar durante todo el período la independencia, estabilidad e imparcialidad de los magistrados; establecer objetivos institucionales verificables y un mecanismo acordado para volver al régimen ordinario; garantizar una selección pública y basada en el mérito; y asegurar la participación de la comunidad jurídica y la sociedad civil en la evaluación de las candidaturas.
La abogada aclaró que la duración exacta «puede ser objeto de discusión política y jurídica», y que «transitorio no significa subordinado»: el tribunal no debe responder «ni al chavismo ni a la oposición, tampoco a una combinación de ambos», sino a la Constitución, la ley y los derechos humanos. «Una transición debe tener un punto de llegada; sin una fecha cierta de culminación, lo excepcional corre el riesgo de convertirse en permanente», sostuvo.
Súmate a mi propuesta por un TSJ TRANSITORIO. Una transición excepcional no puede crear instituciones con mandatos ordinarios. Un TSJ designado por el chavismo no debería condicionar durante 12 años el funcionamiento de la futura democracia venezolana. 🇻🇪 #TSJTransitorio pic.twitter.com/5Z16ta6cMF
— Thelma Fernández (@thelmafernandez) October 9, 2026
