Trabajadores activos, jubilados y despedidos acudieron este martes a la sede del Ministerio Público para solicitar una audiencia urgente con el fiscal general, Larry Devoe, ante lo que calificaron como una política sistemática de despidos ilegales, salarios suspendidos y “pensiones de hambre” en organismos públicos y empresas privadas.
Representantes sindicales y voceros de distintos sectores denunciaron que las órdenes de reenganche emitidas por tribunales laborales son ignoradas por las gerencias, mientras miles de trabajadores permanecen sin ingresos ni respuestas institucionales.
Uno de los casos expuestos fue el de Nelly Medina, dirigente sindical de Sitraenseñanza y docente de la Unidad Educativa Pedro Manuel Ruiz, quien aseguró tener 13 meses con el salario suspendido sin explicación oficial.
“A pesar de acudir reiteradamente al Ministerio de Educación, solo me dicen que espere o que cobraré el próximo mes. Yo sigo trabajando, y así hay muchos trabajadores”, afirmó.
La protesta reunió también a representantes del sector petrolero, azucarero y de la empresa privada. Eduardo Yaguaracuto, presidente del Bloque Patriótico Petrolero, informó que constituyeron un comité nacional para revisar los desacatos a decisiones judiciales que ordenan reincorporaciones laborales.
Por su parte, Jesús Mesa Díaz, vocero nacional de trabajadores de Empresas Polar, explicó que el documento entregado ante la Fiscalía recoge denuncias tanto del sector privado como del público sobre despidos arbitrarios y violaciones a los derechos laborales.
Desde el estado Sucre, el trabajador azucarero Jhony Guerra relató que esta fue la visita número 36 realizada a Caracas para exigir respuestas. “Queremos reenganche y que se respeten los derechos laborales”, expresó.
Durante la actividad, los denunciantes alertaron sobre la situación de extrabajadores de PDVSA, CVG, Cantv, los ministerios de Educación y Salud, centrales azucareros y cuerpos de bomberos, donde aseguran que persisten despidos injustificados y jubilaciones forzadas.
Ángel Castro, extrabajador de PDVSA Monagas con dos décadas de servicio, afirmó que fue despedido en 2022 y desde entonces espera la ejecución de su caso judicial.
Según el documento consignado ante el Ministerio Público, numerosas liquidaciones y pensiones equivalen actualmente a menos de un dólar, incluso para empleados con más de 20 y 30 años de servicio.
Los representantes sindicales denunciaron además la existencia de “listas negras” dentro de PDVSA, señalando que quienes reclaman sus derechos o denuncian irregularidades quedan vetados para trabajar en empresas vinculadas a la industria petrolera.
Advirtieron que esta situación afecta especialmente a familias con integrantes que padecen enfermedades graves o discapacidad, debido a la pérdida total de ingresos y la imposibilidad de costear tratamientos médicos.
Los trabajadores también cuestionaron lo que consideran impunidad dentro de organismos públicos, al denunciar que directivos que incumplen sentencias judiciales solo permanecen detenidos por cortos períodos antes de regresar a sus cargos.
Finalmente, exigieron a la Fiscalía actuar contra gerentes y funcionarios señalados de ejecutar despidos ilegales y desconocer decisiones judiciales, al considerar que estas prácticas vulneran los derechos laborales de miles de venezolanos.
