La violencia contra migrantes venezolanos en Colombia y el cierre progresivo de las vías de regularización han agravado la vulnerabilidad de esta población en el último año, alertó la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas.
Según Rojas, las solicitudes de refugio, que presentan retrasos de hasta siete años, y el aumento de ataques contra defensores de derechos humanos han transformado el panorama y puesto el foco sobre la xenofobia y la violencia.
Uno de los casos más sonados ocurrió en octubre en un atentado en Bogotá contra los activistas de Amnistía Internacional Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche, ambos refugiados en Colombia tras denunciar persecución política en Venezuela.
En el ataque, en el que recibieron catorce disparos, «se confirmó la vulnerabilidad extrema de quienes huyen y no encuentran protección adecuada al cruzar la frontera», explicó la líder de la ONG para el país caribeño.
Aunque el atentado generó un fuerte revuelo mediático, «el riesgo no desaparece cuando bajan las cámaras», advirtió Rojas, quien señaló que desde las elecciones venezolanas de 2024 se ha experimentado un aumento de perfiles altamente perseguidos: defensores de derechos humanos, activistas, sindicalistas y periodistas.
A pesar de que Colombia acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, la protección internacional «sigue sin ser adecuadamente reconocida», afirmó la defensora, quien alertó de una «discriminación doble»: la xenofobia persistente en la sociedad colombiana y la discriminación desde las instituciones.
«Lo que más nos preocupa es que en el último año esas expresiones de xenofobia y discriminación ahora están viniendo desde los gobiernos», criticó Rojas, quien recordó que la primera oleada migratoria en 2015 generó tensiones que «aún no se superan».
Tras el cierre del Registro Único para Migrantes Venezolanos (Rumv) en noviembre de 2023, las alternativas para permanecer de forma regular en Colombia son «escasas o prácticamente inexistentes», advirtió.
La nueva visa especial para migrantes venezolanos exige requisitos que muchos perseguidos «no pueden cumplir» —como pasaporte vigente, antecedentes penales apostillados o soportes laborales—, mientras que el sistema de refugio atraviesa una crisis con 29.500 solicitudes pendientes y demoras de años, lo que deja a miles de personas en un limbo sin posibilidades reales de integración.
«Hace un año discutíamos integración plena; hoy hablamos de cómo garantizar acceso a necesidades básicas. Hay un retroceso evidente», lamentó.
EFE
