La ONG Transparencia Venezuela, en el exilio, reveló detalles de la nueva purga sacude al sistema de justicia chavista, que ha llevado a la detención de varios fiscales, jueces y operadores judiciales.
Desde el pasado 7 de septiembre, al menos 14 fiscales —entre ellos el fiscal superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo— fueron detenidos por supuestamente integrar una trama de extorsión a ciudadanos con causas abiertas, a quienes exigían sumas de dinero a cambio de favores procesales, según informó el Ministerio Público.
Los nombres de los aprehendidos incluyen a Marilyn Jackeline Hernández Guadarrama, Gabriel José Sánchez Pirela, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos y Ángelo José Dorta Sivira, exfuncionario del CICPC, entre otros. También se reportó la captura de Pedro Manuel Amaya Ortíz y Freddy Jesús Franco Araque. En paralelo, la prensa reseñó que Luis Enrique Maldonado Vásquez, señalado en la misma red, fue hallado sin vida el 4 de septiembre.
El fiscal general Tarek William Saab presentó la operación como “ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia”, e imputó delitos de obstrucción a la justicia, retraso intencional de funciones, uso indebido de información y asociación para delinquir. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por Transparencia Venezuela pusieron en duda la magnitud de las detenciones en Carabobo, asegurando que a varios imputados les otorgaron medidas sustitutivas de libertad.
Detenciones en el círculo cercano de Saab
La organización documentó que el alcance de la purga supera al estado Carabobo. En Caracas fueron aprehendidos altos funcionarios del Ministerio Público: Ángel Renato Fuenmayor Briceño, Marvin Emperatriz González Barrios y Orlando José Peña Lamus, directores de Delitos Comunes, Contra la Corrupción y Contra la Delincuencia Organizada, respectivamente. Según el exdirector de Actuación Procesal, Zair Mundaray, el fiscal Luis Ernesto Dueñez habría asumido como nuevo director general de Delitos Comunes.
También fue arrestado el fiscal 67 nacional, Farik Karin Mora Salcedo, sancionado por la Unión Europea, Reino Unido y Canadá por violaciones de derechos humanos, y uno de los encargados de investigar el caso Pdvsa-Cripto. En la misma línea, el juez de terrorismo Ángel Gabriel Betancourt Martínez estaría detenido en el Sebin, lo que obligó a suspender audiencias como la del activista de Provea, Eduardo Torres.
A su vez, Bárbara Andreina Rojas Ojeda, asistente de la presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, Elsa Janeth Gómez Moreno, también habría sido arrestada.
Detenciones en Bolívar y Nueva Esparta
En el estado Bolívar, fue detenido Carlos Eduardo Retiff Vahlis, presidente del Circuito Judicial Penal, junto a la jueza rectora Yaritza Yileida Godoy Correa y el fiscal superior Luis Alfredo Roa Reyes. Transparencia confirmó que hubo nuevos nombramientos temporales para cubrir estos cargos. Entre los aprehendidos figura también el fiscal Luis Eduardo Franceschi Perdomo, hijo de un exmagistrado del TSJ.
En Nueva Esparta, la presidenta del Circuito Judicial Penal, Patricia del Valle Marcano Marcano, habría corrido la misma suerte.
Una pugna interna en el chavismo
Aunque Saab presentó la operación como un esfuerzo anticorrupción, críticos como Mundaray sostienen que se trata de una “batalla entre mafias” por el control de rentas criminales, en la que grupos de fiscales se enfrentan a la PNB y al Sebin.
Versiones adicionales apuntan a que Mora Salcedo habría sido investigado por contactos con agentes de un gobierno extranjero, mientras que en el propio chavismo algunos sectores estarían buscando desplazar a Saab por pérdida de confianza.
Transparencia Venezuela recordó que, lejos de erradicar la corrupción, estas purgas se repiten sin freno. Según cifras presentadas por Saab, desde 2017 unos 570 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados por irregularidades.
