La Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés) instó este miércoles al régimen de Nicolás Maduro a cesar de inmediato la detención de sus opositores, o de quienes percibe como tales, en condiciones de aislamiento e incomunicación.
La FFM expresó profunda preocupación por esta práctica que a menudo equivale a desapariciones forzadas, así como por la falta generalizada de protección judicial efectiva.
La Misión advirtió que las detenciones selectivas forman parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a figuras de la oposición, o a quienes son percibidos como tales, incluidas las personas defensoras de los derechos humanos, y para infundir miedo en la población.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
La FFM detalló que los cuerpos de seguridad del Estado, en connivencia con el Ministerio Público, son responsables de llevar a cabo esta práctica, incluidos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Además, los juzgados penales y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son cómplices al asegurar la impunidad de estos crímenes y graves violaciones a los derechos humanos”.
La Misión subrayó que, en el marco de esta práctica política planificada desde las más altas esferas, la falta de funcionamiento eficaz de los mecanismos de protección legal es alarmante y confirma la ausencia de un verdadero Estado de Derecho. «Esta ausencia de protección está ejemplificada por la ineficiencia de la institución del habeas corpus, un mecanismo de protección fundamental contra las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el riesgo de torturas», alertó la ONU.
En los últimos meses, la Misión ha investigado y corroborado con motivos razonables para creer que en al menos 20 casos los recursos de habeas corpus o no fueron recibidos, o fueron rechazados o no obtuvieron respuesta. De los 13 casos en los que la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos ha concedido medidas cautelares en 2025, en nueve explícitamente se registra la falta de efectividad del recurso de habeas corpus.
“La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión. “El habeas corpus ha salvado vidas y contribuido a la investigación del comportamiento de gobiernos y grupos para estatales que actúan en la ilegalidad y el secreto”.
El reciente caso del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, perteneciente al Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), quien se encuentra en paradero desconocido desde el pasado viernes 9 de mayo a las 16:00 horas, ilustra la desprotección ante la ley. Familiares y abogados esperaron por horas ante el Palacio de Justicia sin poder entregar un recurso de habeas corpus ante la negativa de la jueza encargada. La Sala Constitucional finalmente aceptó recibir el recurso el lunes 12 de mayo en la mañana sin que se sepa a esta hora que decisión ha tomado.
La Misión recordó que la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura y la desaparición forzada de personas son crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
“Como expresado reiteradamente por la Misión, estas conductas se están cometiendo en Venezuela como parte del crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos”, afirmo Francisco Cox, experto de la Misión. “Forman parte de una serie de hechos cometidos en implementación de un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición”.
La Misión exigió la liberación sin condiciones de todas las personas detenidas arbitrariamente e instó a las autoridades venezolanas a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad personal de todas las personas bajo su custodia, y de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.
La Misión también instó a Consejo de Derechos Humanos y sus Estados miembros a que mantengan su observación y vigilancia ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
