«Sippenhaft» fue un concepto adoptado por el nazismo, que extendía a los familiares el castigo que se imponía a los enemigos del régimen del Tercer Reich.
Fue Heinrich Himmler, jefe de las SS, quien impulsó la aplicación de ese criterio contra los acusados del Plan Valquiria, un fallido atentado para asesinar a Adolf Hitler en 1944. La supuesta “corrupción de la sangre” justificaba castigar a los familiares de los acusados, incluso si no estaban involucrados.
80 años después, el régimen de Nicolás Maduro mantiene vigente este método para perseguir y reprimir a sus opositores. El caso más reciente es el de la familia de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
Abogados denunciaron que tras la detención arbitraria de San Miguel el pasado viernes 9 de febrero, también han desaparecido forzadamente cinco de sus familiares: su hija, Miranda Díaz San Miguel, sus hermanos Miguel Ángel San Miguel y Alberto San Miguel Quigosos; el padre de su hija, Víctor Díaz Paruta, y otro familiar, que fue identificado como Alejandro González Canales.
La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha denunciado aplicación del “Sippenhaft” como parte de las tácticas de castigo colectivo, mediante el encarcelamiento de familiares de presos y perseguidos políticos con el objetivo de obligarlos a entregarse para su detención o presionarlos para hacer supuestas confesiones y autoincriminarse.
