Human Rights Watch señaló que el nuevo informe emitido por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en el cual indica que está avanzando en su examen sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante la dictadura de Nicolás Maduro.
“En Venezuela no ha habido justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad con el conocimiento o la aquiescencia de las más altas autoridades políticas, militares y judiciales”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Dado que el poder judicial de Venezuela es un apéndice del ejecutivo, la Fiscalía debe estar alerta ante los esfuerzos del régimen por atosigarlos con información sobre supuestas investigaciones que no buscan más que dilatar la decisión de la fiscalía”.
HRW recordó que desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en 2004, el poder judicial ha dejado de actuar como una rama independiente del gobierno.
«Magistrados del TSJ han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han avalado prácticas y políticas abusivas en reiteradas oportunidades. Las investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch han demostrado que el poder judicial venezolano no ha investigado las evidencias de abusos generalizados y que la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes», alertó la organización.