La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudirá este miércoles a una citación de la Fiscalía, que la investiga por las decenas de muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país de diciembre a marzo pasado, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
«El saludo caluroso de la presidenta Dina Boluarte, quien por las decisiones que tomó en defensa de la democracia, está preparándose para asistir a una diligencia judicial», dijo Otárola este martes al justificar la ausencia de la mandataria en la convención minera Perumin 36, que se celebra en la ciudad sureña de Arequipa.
La Fiscalía citó a la presidenta para declarar en la investigación preliminar que abrió contra ella y otras altas autoridades del Ejecutivo, entre ellas Otárola, por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de las cuales fueron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.
A través de un documento oficial, el Ministerio Público detalló que Boluarte fue citada para este miércoles a la sede principal de la Fiscalía, en el centro histórico de Lima, desde las 9:00 hora local.
Hasta la fecha, ni la presidenta ni el Gobierno habían confirmado la asistencia de Boluarte a esa citación.
En el mismo documento, la Fiscalía citó a Otárola este mismo miércoles a las 14:30 hora local, pero este no se ha referido al tema.
La mandataria ya acudió a la Fiscalía en el marco de esta investigación en dos ocasiones, pero la primera, el 7 de marzo, no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración de Otárola.
El 6 de junio pasado, Boluarte respondió durante unas tres horas ante el Ministerio Público, y a su salida, su abogado Joseph Campos declaró a medios que la presidenta esperaba ser excluida de las investigaciones.
Durante su intervención en Perumin, Otárola dijo que «el Gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el estado constitucional y legal de derecho» y agregó que no les «temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y paz y seguridad 33 millones de peruanos».
Aseguró que desde el Gobierno no van a permitir que «el país caiga en el caos, el desorden y la inseguridad».
«La minería es el principal motor de la economía nacional y del mejoramiento de la calidad de vida de todos los peruanos, con tal propósito el principal objetivo al inicio del año fue recuperar lo más pronto posible la paz social que permitiera reanudar las operaciones de cinco empresas mineras que se vieron forzadas a paralizar sus actividades», indicó.
El primer ministro sostuvo que esta paralización en las compañías fue provocada por amenazas «de grupos muy reducidos y violentos que sembraron la destrucción y la inmovilidad» en varias regiones del sur, con el pretexto de reivindicaciones sociales no atendidas.
«Pero todos lo sabemos, con la finalidad de apoyar al golpista el expresidente Pedro Castillo y derrocar el nuevo régimen», remarcó.
EFE
