El Vaticano envió dos delegados a Paraguay para «escuchar y buscar ampliar el conocimiento» en torno al caso de Belén Whittingslow, la joven paraguaya refugiada en Uruguay tras alegar persecución judicial por denunciar por supuesto acoso sexual a un profesor de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), informó este jueves la institución educativa.
Se trata del arzobispo de Río de Janeiro, el cardenal Orani João Tempesta, y del oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el monseñor español Jordi Bertomeu Farnós, quienes deberán cumplir una misión «con la máxima discreción, objetividad y serenidad», se lee en un comunicado difundido por la UCA y firmado por el gran canciller de esta institución y obispo de la Diócesis de Encarnación, Francisco Javier Pistilli.
«El objetivo de esta misión es estrictamente eclesial y de acuerdo con lo dispuesto en las normativas canónicas», señala Pistilli a través de la nota.
Los delegados de la Santa Sede se reunirán este viernes con familiares de Whittingslow, señaló al canal ABC el abogado de la joven, Rodrigo Cuevas.
Según palabras de Cuevas, el obispo Pistilli les pidió que sean «discretos» y que eviten brindar información a la prensa.
El caso de Whittingslow, cuyos hechos se remontan a 2013 y fueron denunciados en 2014, cobró nuevamente notoriedad con ocasión del II Congreso Latinoamericano «Atender, Informar, Comunicar, claves para una gestión eficaz en los casos de abuso sexual», celebrado del 14 al 16 de marzo en Asunción y a cuyos asistentes dirigió un mensaje el papa Francisco.
Whittingslow, exalumna de la UCA, alega ser perseguida por la Justicia paraguaya tras denunciar por presunto acoso sexual al catedrático y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Cristian Kriskovich.
El cardenal paraguayo Adalberto Martínez solicitó el pasado 11 de marzo al rector de la UCA, Narciso Velázquez, la desvinculación de Kriskovich.
La exalumna fue involucrada en dos procesos judiciales aún vigentes, uno en el ámbito penal por la presunta «producción de documento no auténtico» y otro civil por cuenta de una demanda de Kriskovich que reclama 450.000 dólares (unos 417.000 euros) por daños y perjuicios, según un informe de la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC).
La joven pidió en 2019 refugio en Uruguay, después de que la Justicia ordenara su captura por no presentarse a declarar en un presunto caso de compra de notas en la universidad. EFE
