Nicolás Maduro ordenó este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «profundizar la revolución judicial», evidenciando una vez más la falta de independencia del máximo tribunal del país.
«Aquí, en la casa de las leyes, en la casa de la superioridad constitucional, en la casa del principio de legalidad, aquí en la casa de la justicia, yo llamo a profundizar hoy más que nunca la revolución judicial en Venezuela», ordenó Maduro durante su discurso en el acto de apertura del año judicial 2023.
Maduro se refirió directamente a la presidenta del TSJ, la magistrada chavista Gladys Gutiérrez, a quien instruyó a dar «un gran salto revolucionario por la justicia».
«Yo, señora magistrada presidenta Gladys Gutiérrez, quiero depositar en usted y en todo este magno cuerpo del Poder Judicial, todas mis esperanzas, todas las esperanzas de un pueblo de que en los meses y años que están por venir el Poder Judicial dará ejemplo de autoconstrucción, auto regulación y una revolución judicial que será luz para nuestra patria y para el mundo. Así lo confío. Pongo toda mi confianza en este Poder Judicial para dar un gran salto moral, un gran salto ético y un gran salto revolucionario por la justicia del país«, indicó Maduro.
Gutiérrez ha sido una leal servidora del chavismo desde el comienzo de la denominada «revolución bolivariana», que se ha desempeñado como una ficha para ocupar diversos cargos clave en los poderes del Estado.
Fue miembro del Movimiento Quinta República (MVR) fundado por Hugo Chávez y en 1999 fue candidata por ese partido a la gobernación del estado Nueva Esparta, entidad por la cual también fue diputada suplente de la Asamblea Nacional.
Entre 2002 y 2005 fue embajadora de Venezuela ante España. En 2006 fue designada Procuradora General de la República, como parte del Poder Ejecutivo.
En 2010 fue nombrada magistrada de la Sala Constitucional del TSJ, que presidió entre 2013 y 2017. Durante su gestión como magistrada, declaró “inadmisibles” los recursos interpuestos por la oposición venezolana ante el presunto fraude cometido en las elecciones presidenciales de 2013, en las que Maduro se impuso sobre Henrique Capriles Radonski con solo 1,49% de los votos.
En mayo de 2017 fue sancionada por Estados Unidos por su rol en el socavamiento del estado de derecho en Venezuela, por las sentencias emitidas en contra de la Asamblea Nacional.
En 2020, Maduro la saca del TSJ y la envía como rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar las cuestionadas elecciones parlamentarias que fueron desconocidas por la comunidad internacional.
Un año después, Maduro la devuelve al TSJ, donde nuevamente es designada como presidenta del máximo tribunal del país.
